La concejal radical Florencia Rollié realizó una denuncia para que se investigue “la presunta comisión de delitos de acción pública, en particular de fraude en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita” en el marco de la contratación de las cooperativas que prestan servicio para la Municipalidad. Y para que se determine, en caso de que los delitos se comprueben, “quienes son sus autores penalmente responsables”.
En su presentación, la concejal integrante del bloque Cambiemos historió sobre el nacimiento de las cooperativas que contrata La Municipalidad de La Plata en el contexto de crisis de 2001 y 2002 para la prestación de servicios diversos que son de su propia responsabilidad como el barrido, zanjeo, la recolección de residuos, obra de mantenimiento urbano. Y relata en su denuncia que “a medida que la herramienta del uso de cooperativas se consolidaba aumentaban las informaciones de los nichos de corrupción que se iban consolidando a su alrededor, haciendo principalmente responsables a los funcionarios que usaban de las mismas en su propio provecho y utilizándolo políticamente”.
La concejal concluye que “ello obliga a plantear la existencia de por lo menos dos sistemas de acumulación fuera del Estado del recurso gastado que hace presumir la existencia de nichos de corrupción. Uno, en el plano superior, en función del total del gasto versus lo efectivamente abonado formalmente a cada cooperativista. Esa enorme diferencia sólo puede recaudarse a nivel de los funcionarios autorizantes del pago y las autoridades de las cooperativas que perciben esos montos en nombres de las mismas. Y dos, en la misma base de la pirámide, en la que además de recibir una retribución miserable, cada cooperativista debe abonar a la persona referida, sea un puntero, delegado o funcionario, un porcentaje de esa suma, para seguir prestando esa tarea o para no realizarla, de acuerdo a la voluntad arbitraria de aquel de quién depende estar en la lista de los cooperativistas”.
Rollié basa también su presentación en una denuncia de la propia Comuna de diciembre de 2015 para que se investiguen las contrataciones de cooperativas en la gestión anterior, dado que se detectaron sobrefacturaciones. Se detalla en esa presentación que en el Registro de Cooperativas que lanzó el Municipio había unas 5 mil personas inscriptas, las cuales declararon un promedio salarial de 3.500 pesos cada una. “El total que tendría que costarle un mes de sus servicios al Municipio es de casi 18 millones de pesos, sin embargo, los intermediarios reclaman 55 millones”, era la denuncia de entonces. En ese contexto se desde la Comuna se preguntaba: “¿Dónde van a parar los más de 30 millones de pesos que no llegaban a los bolsillos de los trabajadores?”
La concejal expone que en los años 2016 y 2017, “la misma Comuna es presa de su mismo razonamiento y que en dichos años le cabe la misma acusación que le formulara a su antecesor Pablo Bruera”, por un total de 1.153,2 millones de pesos. Por lo que pide se investigue “la ruta de dicho dinero, se determinen responsabilidades administrativas, fiscales y penales y se recupere todo dinero mal habido fruto del aporte de los contribuyentes”.
Aporta como pruebas además un conjunto de pedidos de informes de su autoría que no fueron tratados por el Concejo Deliberante “ni siquiera en comisión”.
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