Scioli y Bruera, los responsables políticos de la inundación no irán a juicio | 0221
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Scioli y Bruera, los responsables políticos de la inundación no irán a juicio

A punto de caerse el juicio oral al ex titular de Defensa Civil La Plata por la trágica inundación de 2013, la trama política del caso sigue sin indagarse. Provincia y municipio amparados por el manto protector de la negociación política.

"Tiempo que pasa, verdad que huye", reza uno de los apotegmas de las investigaciones penales y, en esa línea, los seis años que separaron la tragedia del 2 de abril de 2013 en La Plata con el incierto inicio del juicio oral del caso previsto para el 6 de marzo próximo, parecen haber consagrado la impunidad de la trama política de la tragedia.

La elevación a juicio se limita a los titulares de Defensa Civil de ambas jurisdicciones. Son Miguel Ángel De Lorenzo (recientemente fallecido) de la provincia de Buenos Aires y Sergio Lezana de La Plata. La imputación: “violación de los deberes de funcionario público”.

Empezando por quienes eran gobernador e intendente, Daniel Scioli y Pablo Bruera, las vinculaciones políticas podrían descargarse sobre decenas de funcionarios con competencias particulares relacionadas con aquella emergencia. Sin embargo, ninguno de ellos aparece siquiera como testigo en la causa.

En esta nota un repaso por esas responsabilidades, las cuales al menos en esta instancia no serán abordadas por la Justicia.

EN LA MUNICIPALIDAD

El falso mensaje con el que el exintendente apareció en las redes como si estuviera en la ciudad durante la emergencia. Pero en realidad se había ido a pasar el fin de semana largo a Brasil, aparece como un elemento simbólico de lo que fue el rol del Estado en esas horas de desesperación.  

Bruera se fue el 27 de marzo sin pedir autorización al Concejo Deliberante y por lo tanto sin dejar a cargo al concejal Javier Pacharotti, como hubiera correspondido. En el peor momento de la tormenta estaba en Angra Dos Reis. Volvió el 3 de abril a la mañana, sin embargo ese día en su cuenta de Twitter se publicó una foto donde se lo ve en una escuela en la que por una ventana entra la luz del día. El mensaje que la acompañaba era: “Desde ayer a la noche recorriendo los centros de evacuados”. Tuvo que aclarar que fue “un error” de su equipo de comunicación y pedir disculpas públicamente.

Sus responsabilidades políticas pueden ser consideradas mucho más profundas que un “error de comunicación”. Uno de los dictámenes elaborados en el Concejo Deliberante por el bloque FAP (Frente Amplio Peronista) evaluó que su gestión no proyectó ni gestionó ante Provincia o Nación las obras hidráulicas que hubieran mitigado el impacto, “no mantuvo en condiciones adecuadas los desagües pluviales”; que fue “negligente” porque “la noche de la catástrofe el Departamento Ejecutivo se encontraba materialmente acéfalo”.

No es lo único. Cita cuestiones vinculadas con la planificación. Asegura que incidió el COU (Código de Ordenamiento Urbano), que “claramente privilegia la expansión del negocio inmobiliario (muchas veces meramente especulativo) y debilita la protección que merecen los vecinos y su entorno natural y edilicio”.

Otro dictamen, del FpV Nacional y Popular, habla de “la inexistencia de una gestión integral del riesgo de inundaciones”, y carga la responsabilidad contra otras oficinas municipales: la Jefatura de Gabinete a cargo de Santiago Martorelli, y la Agencia Ambiental, de Sergio Federovisky, son dos de ellas.

También contra el COEM (Comité de Emergencias) que fue creado en 2012 y estaba vigente el día de la inundación. Reportaban allí buena parte de los funcionarios municipales. La cabeza visible como coordinadora era Ángela Pérsico, el presidente era el propio intendente y el segundo en la línea de responsabilidades era Martorelli. Ese funcionario dijo ante la Comisión Especial de Investigación y Estudio de la Emergencia Hídrica que "el 3 de abril, hubo a disposición 28 embarcaciones ligeras, entre kayaks, botes, gomones y motos acuáticas", de las cuales sólo tres corresponden al municipio.

“Una vez registradas las primeras evidencias de la magnitud del evento, las acciones desplegadas a nivel local fueron tardías, caóticas e insuficientes”, dice ese dictamen.

Cuando el COEM fue creado un año antes de la catástrofe, los  funcionarios citados para ocupar en distintos lugares fueron el Secretario de Desarrollo Social Juan Pablo Cruzat, el entonces diputado Gabriel Bruera, el Secretario de Gestión Integral de Residuos Mariano Bruera, el Secretario de Bienestar Social, Omar Pas, el enjuiciado titular de Defensa Civil Sergio Lezana, la directora de Tránsito Natalia Cepeda, el director de MOPU (Monitoreo) Juan José Rivademar, el subsecretario de Control Urbano, Ignacio Martínez, el subsecretario de Comunicación Institucional Leandro Mariani, el secretario de Salud Jaime Henen, el secretario de Gestión Pública Enrique Sette, el secretario de Economía Néstor Yalet, y la Secretaria de Modernización y Desarrollo Económico Alejandra Sturzenegger.

El bruerismo emitió su propio dictamen respecto de lo ocurrido, remarcando como argumento las características excepcionales de la lluvia. Y deslindó responsabilidades: “que no hubo alerta del SMN, que limpiar los arroyos es jurisdicción de la Provincia y que el Municipio colaboraba en el mantenimiento y zanjeo en las cuatro cuencas más comprometidas el 2A”, según se explica en el libro “2A. El naufragio de La Plata”. Señala que el aumento de la construcción “obedeció a un proceso económico que se produjo a nivel nacional” y que el COU no fue artífice de ese cambio.

EN LA PROVINCIA

La responsabilidades políticas debajo de Scioli pueden extenderse hacia el vice  Gabriel Mariotto por la gestión de los informes que se produjeron en las siete comisiones que se crearon para investigar lo ocurrido. Lo que se difundió después no permite señalar responsabilidades y no tuvo difusión por los canales oficiales.

Pero es el ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal, el más apuntado por sus responsabilidades respecto al modo en que la provincia manejó la cifra de los muertos por la inundación. En ese aspecto también se señala a un subalterno, el secretario de política criminal, César Albarracín. Fueron quienes el día después de la tragedia pretendieron cerrar la lista de víctimas fatales en 51 casos. Más adelante se confirmaron, por vía judicial, que fueron 89. El trasfondo nunca esclarecido ni llevado a juicio es la gestión de los cadáveres y certificados de defunción que se realizó en la morgue de La Plata.

La responsabilidades políticas podrían extenderse a otros funcionarios por otros motivos. Al ministro de Salud Alejandro Collia por la situación que vivieron los hospitales, en algunos de los cuales los profesionales y enfermeros hicieron malabares para atender la emergencia con la luz cortada pese a que esto intentó ser negado por las autoridades. Y al fallecido ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, quien tenía a su cargo el mantenimiento de los arroyos y la realización de las obras. Junto a él aparece el director de Saneamiento y Obras Hídricas, Mario Gschaider, quien acudió varias veces a las comisiones investigadoras.

Y formaron parte del comité de crisis distintos funcionarios que acudieron en las primeras horas de la emergencia que no están siquiera citados como testigos: Hugo Matzkin, jefe de la Policía Bonaerense; Luciano Timerman, director provincial de Coordinación de Emergencia; Marcelo Leguizamón, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad; Alberto Pérez, jefe de Gabinete; Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación y senador provincial en uso de licencia; Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de la Nación; Carlos Castagneto, Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social.

EN LOS BARRIOS

Existió una denuncia, caratulada “Urrutia Gonzalo sobre denuncia” con otras denuncias anexadas que debía determinar si existía un plan para actuar ante la catástrofe, si estaban los recursos para ello y si la infraestructura hidráulica y su mantenimiento eran los adecuados.

En ese bloque judicial aparecieron en escena los testimonios de los delegados comunales pero sin citaciones para los principales cargos políticos.

Juliana Alfonsín, delegada de Villa Elvira, coordinó los centros de evacuados y fue el enlace con el comité de crisis provincial; Los Hornos estaba a cargo de Berta Esther Magnoli, por allí pasan los arroyos Maldonado, Pérez y Regimiento; En Ringuelet, estaba Esteban Nohaczewski con el Arroyo Del Gato como principal curso de agua; en Altos de San Lorenzo, Antonio Manuel Mereles (ya fallecido); al frente de la delegación de Melchor Romero estaba Sergio Gabriel Pajot; el delegado de San Carlos era Sebastián Raffatella; en Tolosa, como en todo el norte platense el jefe territorial es Mariano Bruera y a sus órdenes estaba el delegado Pablo Dellepiane.

Al declarar, la misión de los delegados, fue deslindar las responsabilidades: el mantenimiento, el dragado y el perfilado de los arroyos corresponde a la Provincia pero lo realizaban las delegaciones.

OTRA MIRADA

Un informe de la facultad de Ingeniería citado en el libro “2A. El naufragio de La Plata” evaluó “tardías, caóticas e insuficientes” el accionar municipal en la emergencia. Planteó que quedó en evidencia la inexistencia de “un sistema de alerta específico diseñado para La Plata”; de “un plan de contingencia operativo a nivel municipal”; de “una estrategia comunicacional eficiente” para que la población supiera qué hacer; de una “planificación integrada para atender este tipo de eventos” y de una “coordinación y articulación de recursos en tiempo y forma”.

Indicó además que “las medidas estructurales mayores (como conductos troncales) en las últimas décadas no han evolucionado en la misma medida que los crecimientos urbanos de las cuencas de los arroyos Maldonado y Del Gato”; y que “no se ha realizado un plan de desagües integral que involucre escenarios de eventos de distinta magnitud para las cuencas estudiadas, tal como lo prevé el Manual para el Diseño de Planes Maestros para la Mejora de la Infraestructura y la Gestión del Drenaje Urbano”.

Scioli y Bruera, los responsables políticos de la inundación no irán a juicio
Scioli y Bruera

Scioli y Bruera, los responsables políticos de la inundación no irán a juicio

A punto de caerse el juicio oral al ex titular de Defensa Civil La Plata por la trágica inundación de 2013, la trama política del caso sigue sin indagarse. Provincia y municipio amparados por el manto protector de la negociación política.

19 de febrero de 2019

"Tiempo que pasa, verdad que huye", reza uno de los apotegmas de las investigaciones penales y, en esa línea, los seis años que separaron la tragedia del 2 de abril de 2013 en La Plata con el incierto inicio del juicio oral del caso previsto para el 6 de marzo próximo, parecen haber consagrado la impunidad de la trama política de la tragedia.

La elevación a juicio se limita a los titulares de Defensa Civil de ambas jurisdicciones. Son Miguel Ángel De Lorenzo (recientemente fallecido) de la provincia de Buenos Aires y Sergio Lezana de La Plata. La imputación: “violación de los deberes de funcionario público”.

Empezando por quienes eran gobernador e intendente, Daniel Scioli y Pablo Bruera, las vinculaciones políticas podrían descargarse sobre decenas de funcionarios con competencias particulares relacionadas con aquella emergencia. Sin embargo, ninguno de ellos aparece siquiera como testigo en la causa.

En esta nota un repaso por esas responsabilidades, las cuales al menos en esta instancia no serán abordadas por la Justicia.

EN LA MUNICIPALIDAD

El falso mensaje con el que el exintendente apareció en las redes como si estuviera en la ciudad durante la emergencia. Pero en realidad se había ido a pasar el fin de semana largo a Brasil, aparece como un elemento simbólico de lo que fue el rol del Estado en esas horas de desesperación.  

Bruera se fue el 27 de marzo sin pedir autorización al Concejo Deliberante y por lo tanto sin dejar a cargo al concejal Javier Pacharotti, como hubiera correspondido. En el peor momento de la tormenta estaba en Angra Dos Reis. Volvió el 3 de abril a la mañana, sin embargo ese día en su cuenta de Twitter se publicó una foto donde se lo ve en una escuela en la que por una ventana entra la luz del día. El mensaje que la acompañaba era: “Desde ayer a la noche recorriendo los centros de evacuados”. Tuvo que aclarar que fue “un error” de su equipo de comunicación y pedir disculpas públicamente.

Sus responsabilidades políticas pueden ser consideradas mucho más profundas que un “error de comunicación”. Uno de los dictámenes elaborados en el Concejo Deliberante por el bloque FAP (Frente Amplio Peronista) evaluó que su gestión no proyectó ni gestionó ante Provincia o Nación las obras hidráulicas que hubieran mitigado el impacto, “no mantuvo en condiciones adecuadas los desagües pluviales”; que fue “negligente” porque “la noche de la catástrofe el Departamento Ejecutivo se encontraba materialmente acéfalo”.

No es lo único. Cita cuestiones vinculadas con la planificación. Asegura que incidió el COU (Código de Ordenamiento Urbano), que “claramente privilegia la expansión del negocio inmobiliario (muchas veces meramente especulativo) y debilita la protección que merecen los vecinos y su entorno natural y edilicio”.

Otro dictamen, del FpV Nacional y Popular, habla de “la inexistencia de una gestión integral del riesgo de inundaciones”, y carga la responsabilidad contra otras oficinas municipales: la Jefatura de Gabinete a cargo de Santiago Martorelli, y la Agencia Ambiental, de Sergio Federovisky, son dos de ellas.

También contra el COEM (Comité de Emergencias) que fue creado en 2012 y estaba vigente el día de la inundación. Reportaban allí buena parte de los funcionarios municipales. La cabeza visible como coordinadora era Ángela Pérsico, el presidente era el propio intendente y el segundo en la línea de responsabilidades era Martorelli. Ese funcionario dijo ante la Comisión Especial de Investigación y Estudio de la Emergencia Hídrica que "el 3 de abril, hubo a disposición 28 embarcaciones ligeras, entre kayaks, botes, gomones y motos acuáticas", de las cuales sólo tres corresponden al municipio.

“Una vez registradas las primeras evidencias de la magnitud del evento, las acciones desplegadas a nivel local fueron tardías, caóticas e insuficientes”, dice ese dictamen.

Cuando el COEM fue creado un año antes de la catástrofe, los  funcionarios citados para ocupar en distintos lugares fueron el Secretario de Desarrollo Social Juan Pablo Cruzat, el entonces diputado Gabriel Bruera, el Secretario de Gestión Integral de Residuos Mariano Bruera, el Secretario de Bienestar Social, Omar Pas, el enjuiciado titular de Defensa Civil Sergio Lezana, la directora de Tránsito Natalia Cepeda, el director de MOPU (Monitoreo) Juan José Rivademar, el subsecretario de Control Urbano, Ignacio Martínez, el subsecretario de Comunicación Institucional Leandro Mariani, el secretario de Salud Jaime Henen, el secretario de Gestión Pública Enrique Sette, el secretario de Economía Néstor Yalet, y la Secretaria de Modernización y Desarrollo Económico Alejandra Sturzenegger.

El bruerismo emitió su propio dictamen respecto de lo ocurrido, remarcando como argumento las características excepcionales de la lluvia. Y deslindó responsabilidades: “que no hubo alerta del SMN, que limpiar los arroyos es jurisdicción de la Provincia y que el Municipio colaboraba en el mantenimiento y zanjeo en las cuatro cuencas más comprometidas el 2A”, según se explica en el libro “2A. El naufragio de La Plata”. Señala que el aumento de la construcción “obedeció a un proceso económico que se produjo a nivel nacional” y que el COU no fue artífice de ese cambio.

EN LA PROVINCIA

La responsabilidades políticas debajo de Scioli pueden extenderse hacia el vice  Gabriel Mariotto por la gestión de los informes que se produjeron en las siete comisiones que se crearon para investigar lo ocurrido. Lo que se difundió después no permite señalar responsabilidades y no tuvo difusión por los canales oficiales.

Pero es el ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal, el más apuntado por sus responsabilidades respecto al modo en que la provincia manejó la cifra de los muertos por la inundación. En ese aspecto también se señala a un subalterno, el secretario de política criminal, César Albarracín. Fueron quienes el día después de la tragedia pretendieron cerrar la lista de víctimas fatales en 51 casos. Más adelante se confirmaron, por vía judicial, que fueron 89. El trasfondo nunca esclarecido ni llevado a juicio es la gestión de los cadáveres y certificados de defunción que se realizó en la morgue de La Plata.

La responsabilidades políticas podrían extenderse a otros funcionarios por otros motivos. Al ministro de Salud Alejandro Collia por la situación que vivieron los hospitales, en algunos de los cuales los profesionales y enfermeros hicieron malabares para atender la emergencia con la luz cortada pese a que esto intentó ser negado por las autoridades. Y al fallecido ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, quien tenía a su cargo el mantenimiento de los arroyos y la realización de las obras. Junto a él aparece el director de Saneamiento y Obras Hídricas, Mario Gschaider, quien acudió varias veces a las comisiones investigadoras.

Y formaron parte del comité de crisis distintos funcionarios que acudieron en las primeras horas de la emergencia que no están siquiera citados como testigos: Hugo Matzkin, jefe de la Policía Bonaerense; Luciano Timerman, director provincial de Coordinación de Emergencia; Marcelo Leguizamón, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad; Alberto Pérez, jefe de Gabinete; Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación y senador provincial en uso de licencia; Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de la Nación; Carlos Castagneto, Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social.

EN LOS BARRIOS

Existió una denuncia, caratulada “Urrutia Gonzalo sobre denuncia” con otras denuncias anexadas que debía determinar si existía un plan para actuar ante la catástrofe, si estaban los recursos para ello y si la infraestructura hidráulica y su mantenimiento eran los adecuados.

En ese bloque judicial aparecieron en escena los testimonios de los delegados comunales pero sin citaciones para los principales cargos políticos.

Juliana Alfonsín, delegada de Villa Elvira, coordinó los centros de evacuados y fue el enlace con el comité de crisis provincial; Los Hornos estaba a cargo de Berta Esther Magnoli, por allí pasan los arroyos Maldonado, Pérez y Regimiento; En Ringuelet, estaba Esteban Nohaczewski con el Arroyo Del Gato como principal curso de agua; en Altos de San Lorenzo, Antonio Manuel Mereles (ya fallecido); al frente de la delegación de Melchor Romero estaba Sergio Gabriel Pajot; el delegado de San Carlos era Sebastián Raffatella; en Tolosa, como en todo el norte platense el jefe territorial es Mariano Bruera y a sus órdenes estaba el delegado Pablo Dellepiane.

Al declarar, la misión de los delegados, fue deslindar las responsabilidades: el mantenimiento, el dragado y el perfilado de los arroyos corresponde a la Provincia pero lo realizaban las delegaciones.

OTRA MIRADA

Un informe de la facultad de Ingeniería citado en el libro “2A. El naufragio de La Plata” evaluó “tardías, caóticas e insuficientes” el accionar municipal en la emergencia. Planteó que quedó en evidencia la inexistencia de “un sistema de alerta específico diseñado para La Plata”; de “un plan de contingencia operativo a nivel municipal”; de “una estrategia comunicacional eficiente” para que la población supiera qué hacer; de una “planificación integrada para atender este tipo de eventos” y de una “coordinación y articulación de recursos en tiempo y forma”.

Indicó además que “las medidas estructurales mayores (como conductos troncales) en las últimas décadas no han evolucionado en la misma medida que los crecimientos urbanos de las cuencas de los arroyos Maldonado y Del Gato”; y que “no se ha realizado un plan de desagües integral que involucre escenarios de eventos de distinta magnitud para las cuencas estudiadas, tal como lo prevé el Manual para el Diseño de Planes Maestros para la Mejora de la Infraestructura y la Gestión del Drenaje Urbano”.

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A punto de caerse el juicio oral al ex titular de Defensa Civil La Plata por la trágica inundación de 2013, la trama política del caso sigue sin indagarse. Provincia y municipio amparados por el manto protector de la negociación política.