A través del papa Francisco, el Vaticano resolvió este martes 17 de diciembre abolir el secreto pontificio en casos de abuso de menores, violencia sexual y pornografía infantil. Parece un anuncio del siglo pasado, pero no lo es: con esta medida, las denuncias, testimonios y documentos procesales relativos a los casos de abusos conservados en los archivos de los Dicasterios Vaticanos, así como aquellos que se encuentran en los archivos de las diócesis, y que hasta ahora estaban sujetos al secreto pontificio, podrán ser entregados a los magistrados instructores de los respectivos países que los soliciten. "Es un signo de apertura, disponibilidad, transparencia, y colaboración con las autoridades civiles", aseguran desde la web oficial del Vaticano.
Según explicaron, en el caso de los Dicasterios Vaticanos, la solicitud debe ser enviada a través de una carta rogatoria internacional, usual en el contexto de las relaciones entre Estados. "El procedimiento es diferente en los casos en que los documentos solicitados se guardan en los archivos de las curias diocesanas: de hecho, los magistrados instructores de los respectivos países enviarán la solicitud directamente al obispo", explican.
Y aclararon que "de todos modos, no se verán afectados los regímenes particulares que pueden estar previstos en acuerdos o concordatos entre la Iglesia y el Estado". La idea de que "el bien de los niños y jóvenes debe estar siempre por encima de cualquier protección del secreto, incluso del 'pontificio', es lo que regiría la decisión del Papa, junto con la cumbre sobre la protección de los menores convocada en febrero de este año.
"El rescripto, obviamente, no afecta en modo alguno al sello sacramental, es decir, el secreto de la confesión, que es algo muy diferente del secreto pontificio sobre los actos y los testimonios. Tampoco significa que los documentos de los juicios deban ser de conocimiento público y, por lo tanto, estén destinados a ser divulgados. La reserva de las víctimas y de los testigos deberá protegerse siempre. Pero ahora la documentación deberá ponerse a disposición de las autoridades civiles para la investigación de los casos ya implicados en los procedimientos canónicos", finaliza el comunicado.
El hecho ocurre apenas unas horas después del suicidio del cura católico Eduardo Lorenzo, que desde hacía semanas se hallaba 'refugiado' en la sede de Cáritas La Plata, acusado de abusar sexualmente de al menos cinco hombres cuando éstos eran menores de edad. En este último tiempo, la iglesia Católica encarnada en el arzobispo platense, Víctor "Tucho" Fernández, había tomado algunas medidas respecto de Lorenzo: le prohibió estar cerca de personas de menos de 18 años, aceptó su renuncia en la parroquia que manejaba y finalmente lo alojó en una habitación de Cáritas La Plata, a la espera de que la Justicia resolviera su situación. Finalmente, lo único que quedó garantizado para las víctimas es la impunidad.
