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Aborto clandestino: "Nos exponemos a situaciones que ponen en riesgo la salud y la vida"

La muerte de una mujer de 33 años producto de un aborto inseguro en La Plata, volvió a dejar en evidencia la falta de acompañamiento del Estado, según la Campaña por la Legalización del Aborto. 

La muerte de una mujer de 33 años por un aborto inseguro conmocionó a La Plata. La joven de nacionalidad paraguaya era de familia humilde, vivía en la zona Oeste y tenía tres hijos. Aunque hay una investigación judicial en curso, no trascendió información sobre su identidad para resguardar a la familia. Pero el movimiento feminista y de mujeres salió a protestar luego de conocerse el hecho: el jueves concentraron en la puerta de la Municipalidad e hicieron un pañuelazo para exigir no solo la legalización -como reclamo último- sino en principio, la implementación del protocolo vigente para la Interrupción Legal del Embarazo

"Una vez más nos encontramos frente a una situación de fallecimiento, una muerte que podría haber sido evitada si existiera una legalización del aborto, o acceso al sistema de salud, a información confiable y segura. Desde la Campaña acompañamos a la familia en esta situación y reivindicamos la necesidad de seguir en las calles exigiendo la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Es una necesidad para los cuerpos gestantes tener un acceso real y efectivo, porque si no, tristemente suceden estas situaciones", señaló Micaela, integrante de la Campaña y de la Red de Profesionales por el derecho a Decidir, en diálogo con 0221.com.ar

Según la activista hay una fuerte contradicción dentro de los centros de salud y hospitales públicos platenses: "Por un lado venimos exigiendo y denunciando los múltiples obstáculos que hay en el sistema de salud y en términos de política pública para acceder a conserjerías y la interrupción legal del embarazo; y por otro lado nos encontramos con profesionales y trabajadores de la salud púbica que vienen dándose estrategias al interior de sus espacios laborales para efectivizar derechos".

Dentro de la Campañana, la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a Decidir realiza acompañamientos seguros para la interrupción legal del embarazo. Estos equipos de consejería están en algunos hospitales de La Plata y en algunos centros de salud, pero eso no alcanza. "Desde la Campaña y la Red venimos denunciando que a nivel municipal no se garantiza el misoprostol ni los equipos de consejerías en los centros de salud, y a nivel provincial tampoco se garantiza el misoprostol y hay obstáculos para acceder sobre todo a las interrupciones legales del segundo trimestre, o sea, los embarazos avanzados que no se pueden realizar de manera ambulatoria en el sistema de salud", explica Micaela y ejemplifica: "Niñas en una situación de embarazo avanzado resultado de una violación no pueden acceder a una interrupción legal y segura en el marco del sistema público de salud. Eso pone en una situación de vulnerabilidad a nuestros cuerpos gestantes, que se traduce en un no acceso" al derecho previsto por el artículo 86 del Código Penal. 

Según esta normativa, vigente al día de hoy, "el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto". Por otra parte, esto se complementa con el protocolo -también vigente- para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación.

Este protocolo aclara que que no se necesita denuncia ni autorización policial o judicial, sólo la certificación de la causa por un profesional de la salud y, en los casos de violación, una declaración jurada. Además, las víctimas de violencia sexual deben recibir asistencia, y se debe brindar información sobre las alternativas de atención y procedimientos disponibles, así como respetar la privacidad y garantizar la confidencialidad. También se debe sancionar administrativa y/o penalmente por demoras en la atención, brindar información falsa o negarse a realizar la interrupción del embarazo. Además, el protocolo estima que a partir de los 13 años una persona puede decidir por sí misma respecto de tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Por último, advierte que la persona debe recibir atención médica después de la interrupción, haya sido o no legal.

 "Esas respuestas hospitalarias no están garantizadas", concluye Micaela. "La mayoría de los  acompañamientos se realiza de manera segura a través de colectivas feministas, y lo que planteamos desde el feminismo y el activismo es que acompañamos, sí, pero hay una responsabilidad del sistema de salud de garantizar ese derecho. Y no esta garantizado". Según la profesional, las consejerías (espacios de asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva) se difunden desde el espacio de la Red, la Campaña y el activismo, "pero institucionalmente son muy pocos los hospitales que lo plantean abiertamente, o donde se den instancias institucionales para difundir. Y acá hablamos de un acceso a una ecografía, a una guardia, a que vayas a la guardia transitando una consulta y no ser juzgada, que te atiendan con información... Está todo protocolizado desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta en protocolos nacionales, pero sobre eso no hay capacitación", sintetizó.

"Ante la ausencia o la debilidad que tienen las políticas públicas en salud sexual y derechos (no) reproductivos, situaciones como la de esta muerte son extremas y nos muestran una realidad: estamos totalmente expuestas a situaciones que ponen en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Una joven de 33 años con 3 hijos, en una situación de vulnerabilidad.... son cosas que angustian un montón, que dan bronca, y que nos vuelven a poner la calle, lugar donde históricamente hemos conquistado nuestros derechos", indicó Micaela.

En ese sentido, contó que este año se reunieron con el secretario municipal de Salud, Germán Niedfeld, y le llevaron un pliego de reclamos que incluía la capacitación del personal médico municipal y la conformación de equipos de consejerías, además del acceso a misoprostol y métodos anticonceptivos. "No hubo respuestas al momento, hicieron solo una capacitación para los equipos de salud, pero las compañeras trabajadoras municipales que sí están dispuestas a acompañar se sienten con muchas limitaciones, porque no tienen apoyo de sus jefaturas del centro de salud ni de la dirección de Salud del Municipio", precisó.

Y aclaró que "no ha habido respuestas concretas ni pronunciamiento del Municipio respecto a la situación de ILE. Y los centros de salud son el ámbito de más proximidad para las personas, porque están en el barrio. Es fundamental que el sistema de salud cuente con estos dispositivos. En la Municipalidad hay más de 40 centros y no está planteada la posibilidad de hacer una consejería. Eso a nivel municipio, pero eso no se agota acá, hay responsabilidad del ministerio de Salud de provincia y de Nación, donde hay un montón de faltantes. Nos hemos acercado, presentado informes en Legislatura y tenido reuniones por el programa de Salud Sexual provincial", pero la situación sigue, al momento, en una eterna espera.  

Con el nuevo gobierno comprometido a restituir el protocolo que había sido diseñado y dado de baja por la gestión de Mauricio Macri, se reedita un debate sobre la práctica del aborto y su realización en las distintas clases sociales. Dirigentes sociales y políticos y referentes religiosos coinciden en utilizar como argumento la presunta negativa de las mujeres pobres a interrumpir sus embarazos, afirmación que queda derribada no solo en las cifras oficiales sino en los testimonios de médicos y profesionales de la salud que trabajan en la esfera pública. 

"Por ahí con mayor difusión y participación en los barrios de distintas organizaciones que acompañan estos debates, quizá se llegue con más información. Pero el aborto se da en todas las clases sociales, lo que varía son las condiciones de posibilidad. Teniendo el recurso económico es transitar una situación, viviendo en la precaridad total es una exposición a situaciones que ponen en riesgo la salud y la vida", explica Micaela. "La realidad es que ocurre, por ahí muchos episodios no llegan a los medios pero son los de más vulnerabilidad, ocurren en espacios donde circula información que no es segura. ¿Qué posibilidades tienen esas compañeras de acceder a una colectiva que acompañe una situación de aborto? Como Campaña venimos muy preocupadas por este tema y el año pasado estuvimos haciendo talleres con organizaciones que tienen anclaje territorial, problematizando esto. Nos encontramos en los barrios más precarizados mucha incidencia e influencia de las iglesias evangélicas, y ese es un tema a debatir. Hay mucha desinformación, los centros de salud en el territorio no brindan buena información y a la vez también se dan mensajes de disciplinamiento a través de la intervención del catolicismo o el evangelismo que niegan el acceso a estos derechos. Es cierto que la marea verde y el apoyo de los medios hace que se difunda la información pero eso, evidentemente, no alcanza", cerró. 

La muerte de una mujer de 33 años producto de un aborto inseguro en La Plata, volvió a dejar en evidencia la falta de acompañamiento del Estado, según la Campaña por la Legalización del Aborto. 

15 de diciembre de 2019

La muerte de una mujer de 33 años por un aborto inseguro conmocionó a La Plata. La joven de nacionalidad paraguaya era de familia humilde, vivía en la zona Oeste y tenía tres hijos. Aunque hay una investigación judicial en curso, no trascendió información sobre su identidad para resguardar a la familia. Pero el movimiento feminista y de mujeres salió a protestar luego de conocerse el hecho: el jueves concentraron en la puerta de la Municipalidad e hicieron un pañuelazo para exigir no solo la legalización -como reclamo último- sino en principio, la implementación del protocolo vigente para la Interrupción Legal del Embarazo

"Una vez más nos encontramos frente a una situación de fallecimiento, una muerte que podría haber sido evitada si existiera una legalización del aborto, o acceso al sistema de salud, a información confiable y segura. Desde la Campaña acompañamos a la familia en esta situación y reivindicamos la necesidad de seguir en las calles exigiendo la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Es una necesidad para los cuerpos gestantes tener un acceso real y efectivo, porque si no, tristemente suceden estas situaciones", señaló Micaela, integrante de la Campaña y de la Red de Profesionales por el derecho a Decidir, en diálogo con 0221.com.ar

Según la activista hay una fuerte contradicción dentro de los centros de salud y hospitales públicos platenses: "Por un lado venimos exigiendo y denunciando los múltiples obstáculos que hay en el sistema de salud y en términos de política pública para acceder a conserjerías y la interrupción legal del embarazo; y por otro lado nos encontramos con profesionales y trabajadores de la salud púbica que vienen dándose estrategias al interior de sus espacios laborales para efectivizar derechos".

Dentro de la Campañana, la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a Decidir realiza acompañamientos seguros para la interrupción legal del embarazo. Estos equipos de consejería están en algunos hospitales de La Plata y en algunos centros de salud, pero eso no alcanza. "Desde la Campaña y la Red venimos denunciando que a nivel municipal no se garantiza el misoprostol ni los equipos de consejerías en los centros de salud, y a nivel provincial tampoco se garantiza el misoprostol y hay obstáculos para acceder sobre todo a las interrupciones legales del segundo trimestre, o sea, los embarazos avanzados que no se pueden realizar de manera ambulatoria en el sistema de salud", explica Micaela y ejemplifica: "Niñas en una situación de embarazo avanzado resultado de una violación no pueden acceder a una interrupción legal y segura en el marco del sistema público de salud. Eso pone en una situación de vulnerabilidad a nuestros cuerpos gestantes, que se traduce en un no acceso" al derecho previsto por el artículo 86 del Código Penal. 

Según esta normativa, vigente al día de hoy, "el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto". Por otra parte, esto se complementa con el protocolo -también vigente- para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación.

Este protocolo aclara que que no se necesita denuncia ni autorización policial o judicial, sólo la certificación de la causa por un profesional de la salud y, en los casos de violación, una declaración jurada. Además, las víctimas de violencia sexual deben recibir asistencia, y se debe brindar información sobre las alternativas de atención y procedimientos disponibles, así como respetar la privacidad y garantizar la confidencialidad. También se debe sancionar administrativa y/o penalmente por demoras en la atención, brindar información falsa o negarse a realizar la interrupción del embarazo. Además, el protocolo estima que a partir de los 13 años una persona puede decidir por sí misma respecto de tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Por último, advierte que la persona debe recibir atención médica después de la interrupción, haya sido o no legal.

 "Esas respuestas hospitalarias no están garantizadas", concluye Micaela. "La mayoría de los  acompañamientos se realiza de manera segura a través de colectivas feministas, y lo que planteamos desde el feminismo y el activismo es que acompañamos, sí, pero hay una responsabilidad del sistema de salud de garantizar ese derecho. Y no esta garantizado". Según la profesional, las consejerías (espacios de asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva) se difunden desde el espacio de la Red, la Campaña y el activismo, "pero institucionalmente son muy pocos los hospitales que lo plantean abiertamente, o donde se den instancias institucionales para difundir. Y acá hablamos de un acceso a una ecografía, a una guardia, a que vayas a la guardia transitando una consulta y no ser juzgada, que te atiendan con información... Está todo protocolizado desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta en protocolos nacionales, pero sobre eso no hay capacitación", sintetizó.

"Ante la ausencia o la debilidad que tienen las políticas públicas en salud sexual y derechos (no) reproductivos, situaciones como la de esta muerte son extremas y nos muestran una realidad: estamos totalmente expuestas a situaciones que ponen en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Una joven de 33 años con 3 hijos, en una situación de vulnerabilidad.... son cosas que angustian un montón, que dan bronca, y que nos vuelven a poner la calle, lugar donde históricamente hemos conquistado nuestros derechos", indicó Micaela.

En ese sentido, contó que este año se reunieron con el secretario municipal de Salud, Germán Niedfeld, y le llevaron un pliego de reclamos que incluía la capacitación del personal médico municipal y la conformación de equipos de consejerías, además del acceso a misoprostol y métodos anticonceptivos. "No hubo respuestas al momento, hicieron solo una capacitación para los equipos de salud, pero las compañeras trabajadoras municipales que sí están dispuestas a acompañar se sienten con muchas limitaciones, porque no tienen apoyo de sus jefaturas del centro de salud ni de la dirección de Salud del Municipio", precisó.

Y aclaró que "no ha habido respuestas concretas ni pronunciamiento del Municipio respecto a la situación de ILE. Y los centros de salud son el ámbito de más proximidad para las personas, porque están en el barrio. Es fundamental que el sistema de salud cuente con estos dispositivos. En la Municipalidad hay más de 40 centros y no está planteada la posibilidad de hacer una consejería. Eso a nivel municipio, pero eso no se agota acá, hay responsabilidad del ministerio de Salud de provincia y de Nación, donde hay un montón de faltantes. Nos hemos acercado, presentado informes en Legislatura y tenido reuniones por el programa de Salud Sexual provincial", pero la situación sigue, al momento, en una eterna espera.  

Con el nuevo gobierno comprometido a restituir el protocolo que había sido diseñado y dado de baja por la gestión de Mauricio Macri, se reedita un debate sobre la práctica del aborto y su realización en las distintas clases sociales. Dirigentes sociales y políticos y referentes religiosos coinciden en utilizar como argumento la presunta negativa de las mujeres pobres a interrumpir sus embarazos, afirmación que queda derribada no solo en las cifras oficiales sino en los testimonios de médicos y profesionales de la salud que trabajan en la esfera pública. 

"Por ahí con mayor difusión y participación en los barrios de distintas organizaciones que acompañan estos debates, quizá se llegue con más información. Pero el aborto se da en todas las clases sociales, lo que varía son las condiciones de posibilidad. Teniendo el recurso económico es transitar una situación, viviendo en la precaridad total es una exposición a situaciones que ponen en riesgo la salud y la vida", explica Micaela. "La realidad es que ocurre, por ahí muchos episodios no llegan a los medios pero son los de más vulnerabilidad, ocurren en espacios donde circula información que no es segura. ¿Qué posibilidades tienen esas compañeras de acceder a una colectiva que acompañe una situación de aborto? Como Campaña venimos muy preocupadas por este tema y el año pasado estuvimos haciendo talleres con organizaciones que tienen anclaje territorial, problematizando esto. Nos encontramos en los barrios más precarizados mucha incidencia e influencia de las iglesias evangélicas, y ese es un tema a debatir. Hay mucha desinformación, los centros de salud en el territorio no brindan buena información y a la vez también se dan mensajes de disciplinamiento a través de la intervención del catolicismo o el evangelismo que niegan el acceso a estos derechos. Es cierto que la marea verde y el apoyo de los medios hace que se difunda la información pero eso, evidentemente, no alcanza", cerró. 

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La muerte de una mujer de 33 años producto de un aborto inseguro en La Plata, volvió a dejar en evidencia la falta de acompañamiento del Estado, según la Campaña por la Legalización del Aborto.