El odontólogo y cuádruple femicida Ricardo Alberto Barreda da pelea por la casona de calle 48 entre 11 y 12 donde ejecutó a sangre fría a su esposa, su suegra y sus dos hijas. Luego de que el Estado provincial le expropiara el inmueble planteó una contrademanda que tramita en el fuero Contencioso Administrativo de La Plata y busca un resarcimiento económico.
La batalla judicial generó dos expedientes distintos, pero el caso que fue unificado en los últimos meses. Barreda no tiene pensado volver a vivir a La Plata y menos en la escena del crimen, cuyo estado de abandono y deterioro es evidente a simple vista, sin embargo busca ser resarcido por la expropiación.
En el proceso de unificación de los legajos judiciales el apoderado del odontólogo ya presentó el número de cuenta bancaria en que espera el depósito de la parte de su herencia. Barreda fue declarado "indigno" de heredar la totalidad de los bienes, pero logró que en sede judicial le reconozcan un porcentaje del patrimonio en juego, detallaron fuentes judiciales.
La sentencia de exclusión de herencia fue dictada por el juzgado Civil y Comercial de La Plata por "una causal objetiva de indignidad", prevista en el artículo 3291 del Código Civil que establece: "Son incapaces de suceder como indignos, los condenados en juicio por delito o tentativa de homicidio contra la persona de cuya sucesión se trate, o de su cónyuge, o contra sus descendientes, o como cómplice del autor directo del hecho. Esta causa de indignidad no puede ser cubierta, ni por gracia acordada al criminal, ni por la prescripción de la pena".

Pero no solo la casona del horror está en juego. Voceros judiciales recordaron que entre la nómina de patrimonio en litigio están dos autos (un Ford Falcon verde y un DKW) y una moto Siambretta, además, una casa de veraneo en Mar del Plata, que fue usurpada, y un terreno en la provincia de Buenos Aires.
En el expediente unificado que se tramita en La Plata una de las partes del proceso es la Fiscalía de Estado bonaerense. Pero por una mala praxis administrativa de esa repartición, el trámite está empantanado. Omitieron aportar documentación oficial que demuestra que están legitimados en el expediente y esa circunstancia generó nuevas demoras en el trámite.

Una de las trabas que encuentra el caso es que la Provincia no está dispuesta a pagar por el inmueble. Pero en caso de cambiar de postura solo lo hará por el valor fiscal del inmueble y en pesos, mientras que Barreda quiere percibir el valor de mercado (unos tres millones de dólares) y en moneda estadounidense.