Números, legislación y una mirada especializada: por qué no bajar la edad de imputabilidad
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Números, legislación y una mirada especializada: por qué no bajar la edad de imputabilidad

¿Necesidad o demagogia? El gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la edad de imputabilidad y plantea bajarla a 15 años. Apenas el 3% de los delitos de la Provincia son cometidos por menores de 18 años y la gran mayoría son robos y robos agravados. Conocé las estadísticas y la mirada de una especialista en Derechos Humanos, Niñez y Adolescencia. 

La edad de imputabilidad es el límite etario a partir del cual las personas pueden discernir y comprender sus actos, y así ser juzgadas por el sistema penal. En Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura cívico-militar, esa edad son los 16 años, por lo que los menores no pueden ser juzgados o encerrados en un penal juvenil

Los adolescentes de entre 16 y 18 años sí son juzgados a través del fuero Penal Juvenil, distinto del Criminal Correccional para adultos; y sólo son punibles -es decir, merecedores de castigo- cuando cometen delitos con penas mayores a dos años (homicidios, robos agravados, abuso sexual). Recién a los 18 años empiezan a cumplir su condena en la cárcel, pero previo a eso pueden permanecer en penales juveniles, institutos especializados o centros cerrados. Esa, tal como lo advierte el artículo 7 de la ley 13.634, debería ser una medida excepcional. Pero la realidad está muy lejos de eso. 

NÚMEROS PARA UN DEBATE CONSCIENTE

Según un relevamiento realizado por el Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, apenas el 3% de los delitos del 2017 fueron cometidos por menores de edad. Y de las IPPs (Instrucción Penal Preparatoria) iniciadas por homicidios dolosos, uno de los delitos más graves en el Código Penal, solo el 10% corresponden a menores de 18 años. Además, del 2009 al 2017 hubo una reducción de más del 80% en la participación de jóvenes en homicidios, con 165 crímenes registrados en 2009 y 88 en 2017. Es una baja que se repite con los robos agravados: 8.578 fueron cometidos en 2009 y 5.137 en 2017, una diferencia de más del 40%.

En este delito, robo agravado -que junto al homicidio y el abuso sexual está comprendido en el proyecto del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad-, cabe destacar que el 90.9% de los imputados son adultos (con 890 causas en 2017) y el 9.1% jóvenes (89 causas en el mismo año). Con respecto a la tentativa de homicidio, un 88.7% tiene como protagonistas a los adultos, mientras que un 11,7% a menores. De los delitos cometidos por adolescentes, solo un 2,6% es homicidio, y la mayoría se corresponden con robos y robos agravados, según el último informe del Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense. Y otro dato importante a resaltar es que el 51% de los expedientes que investigan delitos cometidos por jóvenes también indagan en la participación de mayores de edad.

En nuestra ciudad las estadísticas suben un poco, siempre analizando el año 2017: hubo 2.612 IPPs con imputados mayores y 195 con menores, es decir que un 7,4% de los delitos en la capital bonaerense son perpetrados por menores de 18 años. Pero también hubo una baja del 8,1% de las causas iniciadas a menores entre 2016 y 2017. Otro número clave es el tiempo que toman las causas judiciales -de cualquier tipo- en resolverse: en La Plata la congestión es del 28%, la más alta entre todos los departamentos judiciales de la provincia. Mientras que el tiempo promedio de un proceso dura 275 días, en la ciudad de las diagonales asciende a 356. 

"UN SISTEMA DE MUERTE Y CONSUMO DE JÓVENES"

"Demagogia es la palabra que más siento que describe este debate. Es un discurso político que apela a los sentimientos y emociones para ganar apoyo, incentivar pasiones y miedos para conseguir el favor popular", sintetiza Carola Bianco, abogada y docente especializada en Derechos Humanos, Niñez y Adolescencia, en diálogo con 0221.com.ar. La especialista, que estuvo varios años al frente del programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la facultad de Derecho de la UNLP, asegura que la propuesta del oficialismo "es una forma de manipular la información, de generar falsas dicotomías. Y a un país como el nuestro lo pone en riesgo una vez más".

"La imputabilidad tiene que ver con la capacidad para comprender, tiene que ver con lo congnitivo, el hecho de que una persona comprende su acto y lo realiza voluntariamente. Y la punibilidad tiene que ver con la posibilidad de que a un acto el Estado responda con el sistema penal. Pero en las cuestiones de Niñez, el Estado jurídicamente está totalmente imposibilitado para tomar esta medida, ya que se comprometió a partir de la firma de la Convención de los Derechos del Niño -y antes también- a seguir principios y estándares mínimos", indica Bianco.

Así, los artículos 37 y 40 de la Convención establecen que de manera excepcional el Estado  puede ingresar al sistema a menores que hayan cometido delitos, y lo debe hacer siguiendo cuatro prinicipios: el interés superior del niño, su derecho a ser oído, el derecho a la vida digna y la no discriminación. "Estos no solo son derechos sino normas procedimentales. De esos principios se desprenden los del sistema penal de jóvenes: hay un montón de pactos y uno de los principios claves es la excepcionalidad. La propuesta del gobierno no respeta los principios jurídicos ni particulares que se le aplican a las personas menores de edad. Es inconstitucional", advierte la especialista.

Además, explica que en el caso de los menores de edad en conflicto con la ley penal, el Estado debe como primer paso "trabajar con ellos para que a partir de la autonomía se vayan responsabilizando. Por eso cuando hablamos del sistema de promoción y protección de los derechos de la Niñez y el sistema penal juvenil, no estamos hablando de la imputabilidad sino de la punibilidad". En la última reforma de la Constitución en 1994, donde Argentina le dio carácter constitucional a la Convención, queda asentado que el Estado se compromete a poner su energía y trabajo en el sistema de Promoción y Protección, excluyéndolos del sistema penal.

"Esta propuesta resulta totalmente demagógica y tergiversada, porque estamos viviendo una sistemática violación de los derechos de la niñez en nuestra ciudad y la Provincia", indica Bianco. Un ejemplo de ello es el amparo que la Suprema Corte bonaerense tiene a la espera de resolución, desde el año 2012, por las múltiples violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes que estuvieron en situación de calle durante los años 2008, 2009 y 2010, muchos de los cuales integraron la llamada "Banda de la frazada". Esta inacción judicial se suma a los despidos de trabajadoras en la dirección de Niñez que ocurrieron en diciembre de 2018, algo que da muestra del nivel de interés que tiene el Estado, en general, para con la contención de los niños platenses.

Bianco, que trabajó con numerosos niños imputados por diversos delitos y sus familias, advierte que "hay una parte muy negativa y otra muy positiva" de esta labor: "Lo negativo es que a la situación de la niñez y la juventud, cuando se le suma la vulnerabilidad social, es un desamparo total para los padres que quieren hacer algo con sus hijos. Es un sistema que se come a los jóvenes, es un sistema de muerte, de consumo de jóvenes, y realmente es muy triste y dramático. Cuando una se pone a trabajar enseguida aparece todo claro". 

"Pero a su vez, con el trabajo de campo podemos ver que hay infinitas alternativas a la judicialización, con soluciones que tienen que ver con sus vidas y no son medidas de abrigo ni encierro. Hay normas con las que realmente se puede trabajar, si la comunidad se compromete y el Estado se hace presente. Lo que pasa es que el contexto para trabajarlo no existe, entonces se apela al martillo", se lamenta la letrada, y destaca que en la cotidianidad del Poder Judicial no son precisamente muchos los funcionarios que pujan por medidas que no sean el encierro. 

En esa línea, destaca que "no se puede tomar ninguna decisión sin tener la voz de los protagonistas. Me resulta muy difícil que sigamos hablando los adultos, nosotros no podemos excluirlos de esto porque forma parte de su derecho a ser oído. Una reforma en el régimen penal juvenil sin levantar la voz de los pibes sería absolutamente nula". En busca de algunas opiniones, 0221.com.ar rescató la reflexión que hicieron jóvenes del centro cerrado Almafuerte para la revista Seguir Soñando. "Yo no sé por qué los encierran, si después salen y bardean peor", dijo Pablo P. Alan A., por su parte, se hizo una pregunta: "¿Con eso quieren mejorar las cosas? tendrían que ayudar a las familias de los pibes”. 

¿Necesidad o demagogia? El gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la edad de imputabilidad y plantea bajarla a 15 años. Apenas el 3% de los delitos de la Provincia son cometidos por menores de 18 años y la gran mayoría son robos y robos agravados. Conocé las estadísticas y la mirada de una especialista en Derechos Humanos, Niñez y Adolescencia. 

12 de enero de 2019

La edad de imputabilidad es el límite etario a partir del cual las personas pueden discernir y comprender sus actos, y así ser juzgadas por el sistema penal. En Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura cívico-militar, esa edad son los 16 años, por lo que los menores no pueden ser juzgados o encerrados en un penal juvenil

Los adolescentes de entre 16 y 18 años sí son juzgados a través del fuero Penal Juvenil, distinto del Criminal Correccional para adultos; y sólo son punibles -es decir, merecedores de castigo- cuando cometen delitos con penas mayores a dos años (homicidios, robos agravados, abuso sexual). Recién a los 18 años empiezan a cumplir su condena en la cárcel, pero previo a eso pueden permanecer en penales juveniles, institutos especializados o centros cerrados. Esa, tal como lo advierte el artículo 7 de la ley 13.634, debería ser una medida excepcional. Pero la realidad está muy lejos de eso. 

NÚMEROS PARA UN DEBATE CONSCIENTE

Según un relevamiento realizado por el Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, apenas el 3% de los delitos del 2017 fueron cometidos por menores de edad. Y de las IPPs (Instrucción Penal Preparatoria) iniciadas por homicidios dolosos, uno de los delitos más graves en el Código Penal, solo el 10% corresponden a menores de 18 años. Además, del 2009 al 2017 hubo una reducción de más del 80% en la participación de jóvenes en homicidios, con 165 crímenes registrados en 2009 y 88 en 2017. Es una baja que se repite con los robos agravados: 8.578 fueron cometidos en 2009 y 5.137 en 2017, una diferencia de más del 40%.

En este delito, robo agravado -que junto al homicidio y el abuso sexual está comprendido en el proyecto del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad-, cabe destacar que el 90.9% de los imputados son adultos (con 890 causas en 2017) y el 9.1% jóvenes (89 causas en el mismo año). Con respecto a la tentativa de homicidio, un 88.7% tiene como protagonistas a los adultos, mientras que un 11,7% a menores. De los delitos cometidos por adolescentes, solo un 2,6% es homicidio, y la mayoría se corresponden con robos y robos agravados, según el último informe del Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense. Y otro dato importante a resaltar es que el 51% de los expedientes que investigan delitos cometidos por jóvenes también indagan en la participación de mayores de edad.

En nuestra ciudad las estadísticas suben un poco, siempre analizando el año 2017: hubo 2.612 IPPs con imputados mayores y 195 con menores, es decir que un 7,4% de los delitos en la capital bonaerense son perpetrados por menores de 18 años. Pero también hubo una baja del 8,1% de las causas iniciadas a menores entre 2016 y 2017. Otro número clave es el tiempo que toman las causas judiciales -de cualquier tipo- en resolverse: en La Plata la congestión es del 28%, la más alta entre todos los departamentos judiciales de la provincia. Mientras que el tiempo promedio de un proceso dura 275 días, en la ciudad de las diagonales asciende a 356. 

"UN SISTEMA DE MUERTE Y CONSUMO DE JÓVENES"

"Demagogia es la palabra que más siento que describe este debate. Es un discurso político que apela a los sentimientos y emociones para ganar apoyo, incentivar pasiones y miedos para conseguir el favor popular", sintetiza Carola Bianco, abogada y docente especializada en Derechos Humanos, Niñez y Adolescencia, en diálogo con 0221.com.ar. La especialista, que estuvo varios años al frente del programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la facultad de Derecho de la UNLP, asegura que la propuesta del oficialismo "es una forma de manipular la información, de generar falsas dicotomías. Y a un país como el nuestro lo pone en riesgo una vez más".

"La imputabilidad tiene que ver con la capacidad para comprender, tiene que ver con lo congnitivo, el hecho de que una persona comprende su acto y lo realiza voluntariamente. Y la punibilidad tiene que ver con la posibilidad de que a un acto el Estado responda con el sistema penal. Pero en las cuestiones de Niñez, el Estado jurídicamente está totalmente imposibilitado para tomar esta medida, ya que se comprometió a partir de la firma de la Convención de los Derechos del Niño -y antes también- a seguir principios y estándares mínimos", indica Bianco.

Así, los artículos 37 y 40 de la Convención establecen que de manera excepcional el Estado  puede ingresar al sistema a menores que hayan cometido delitos, y lo debe hacer siguiendo cuatro prinicipios: el interés superior del niño, su derecho a ser oído, el derecho a la vida digna y la no discriminación. "Estos no solo son derechos sino normas procedimentales. De esos principios se desprenden los del sistema penal de jóvenes: hay un montón de pactos y uno de los principios claves es la excepcionalidad. La propuesta del gobierno no respeta los principios jurídicos ni particulares que se le aplican a las personas menores de edad. Es inconstitucional", advierte la especialista.

Además, explica que en el caso de los menores de edad en conflicto con la ley penal, el Estado debe como primer paso "trabajar con ellos para que a partir de la autonomía se vayan responsabilizando. Por eso cuando hablamos del sistema de promoción y protección de los derechos de la Niñez y el sistema penal juvenil, no estamos hablando de la imputabilidad sino de la punibilidad". En la última reforma de la Constitución en 1994, donde Argentina le dio carácter constitucional a la Convención, queda asentado que el Estado se compromete a poner su energía y trabajo en el sistema de Promoción y Protección, excluyéndolos del sistema penal.

"Esta propuesta resulta totalmente demagógica y tergiversada, porque estamos viviendo una sistemática violación de los derechos de la niñez en nuestra ciudad y la Provincia", indica Bianco. Un ejemplo de ello es el amparo que la Suprema Corte bonaerense tiene a la espera de resolución, desde el año 2012, por las múltiples violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes que estuvieron en situación de calle durante los años 2008, 2009 y 2010, muchos de los cuales integraron la llamada "Banda de la frazada". Esta inacción judicial se suma a los despidos de trabajadoras en la dirección de Niñez que ocurrieron en diciembre de 2018, algo que da muestra del nivel de interés que tiene el Estado, en general, para con la contención de los niños platenses.

Bianco, que trabajó con numerosos niños imputados por diversos delitos y sus familias, advierte que "hay una parte muy negativa y otra muy positiva" de esta labor: "Lo negativo es que a la situación de la niñez y la juventud, cuando se le suma la vulnerabilidad social, es un desamparo total para los padres que quieren hacer algo con sus hijos. Es un sistema que se come a los jóvenes, es un sistema de muerte, de consumo de jóvenes, y realmente es muy triste y dramático. Cuando una se pone a trabajar enseguida aparece todo claro". 

"Pero a su vez, con el trabajo de campo podemos ver que hay infinitas alternativas a la judicialización, con soluciones que tienen que ver con sus vidas y no son medidas de abrigo ni encierro. Hay normas con las que realmente se puede trabajar, si la comunidad se compromete y el Estado se hace presente. Lo que pasa es que el contexto para trabajarlo no existe, entonces se apela al martillo", se lamenta la letrada, y destaca que en la cotidianidad del Poder Judicial no son precisamente muchos los funcionarios que pujan por medidas que no sean el encierro. 

En esa línea, destaca que "no se puede tomar ninguna decisión sin tener la voz de los protagonistas. Me resulta muy difícil que sigamos hablando los adultos, nosotros no podemos excluirlos de esto porque forma parte de su derecho a ser oído. Una reforma en el régimen penal juvenil sin levantar la voz de los pibes sería absolutamente nula". En busca de algunas opiniones, 0221.com.ar rescató la reflexión que hicieron jóvenes del centro cerrado Almafuerte para la revista Seguir Soñando. "Yo no sé por qué los encierran, si después salen y bardean peor", dijo Pablo P. Alan A., por su parte, se hizo una pregunta: "¿Con eso quieren mejorar las cosas? tendrían que ayudar a las familias de los pibes”. 

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