La llegada de agentes de la Policía Científica al Instituto Antonio Próvolo sorprendió a todo el barrio. El operativo en el edificio de 47 entre 25 y 26 se desarrolló a lo largo del jueves y estuvo encabezado por la fiscal Cecilia Corfield, que hace quince días se hizo cargo de la causa por presuntos abusos a menores en esa institución. "Es una película de terror", expresó la titular de la causa al describir el lugar que usaban los curas y estaba cerrado con llave.
La titular de la UFI 15 explicó a 0221.com.ar que con el procedimiento se intentó reconstruir la distribución del lugar: "Dónde dormían, estudiaban e iban al baño, para ver si se le da credibilidad o no a los dichos, teniendo en cuenta el tiempo que pasó". "Parecía que se había detenido el tiempo", dijo Corfield.
Cabe mencionar que la conmoción se desató en 2016 cuando la Justicia comenzó a investigar los vejámenes a los que habrían sido sometidos niños con hipoacusia entre 1982 y 1991, pero en la sede de Luján de Cuyo, en Mendoza.
En La Plata fueron 7 las personas que denunciaron haber sido abusadas por sacerdotes y laicos consagrados. "Acá en La Plata no hay detenidos, sino señalados como los presuntos autores de los abusos. Siempre se busca determinar la verdad, pedir la detención y que se haga efectiva. Eso es un futuro, recién estamos colectando elementos de prueba", detalló la fiscal.
Nicolás Corradi y Horario Corbacho son los curas arrestados por el caso en la “Compañía María para la Educación de los Sordomudos” y que también estuvieron varios años en la sede de 25 y 47. En la causa también hay religiosas involucradas.
En tanto, la fiscal aclaró que el Próvolo depende exclusivamente del Vaticano. "El arzobispado no tiene autoridad en esta institución. Se trata de una congregación a nivel mundial, que actualmente está intervenida por el obispo auxiliar, designado por el Papa", sostuvo.
Las siete presuntas víctimas vejadas en La Plata ya no viven en la ciudad. Tienen domicilios en Salta, Tucumán, Chaco y Mendoza. Los investigadores no descartan volver a inspeccionar el lugar, pero con la presencia de los denunciantes, pero ello dependerá de pericias previas para evitar la revictimización de esas personas.
Uno de los peligros procesales que tiene esta causa es la prescripción por el paso del tiempo. Recientes modificaciones indican que el conteo para la prescripción comienza cuando la víctima cumple 18 años de edad. Esa ventana de tiempo procesal le permitió a los investigadores (en este caso) ganar una ventana de 10 años de tiempo. Pero esa modificación al marco legal vigente no lo estaba al momento de los abusos y, por aplicación de la ley más benigna, las defensas de los curas abusadores podrían dejar sin efecto la reforma legal y garantizar la libertad e impunidad de los sacerdotes señalados.
