jueves 13 de noviembre de 2025

Dos empresarios platenses al borde del juicio oral por el trágico recital del Indio Solari en Olavarría

Para el fiscal del caso, tanto el artista como el Intendente Ezequiel Galli, deben ser tenidos en cuenta como testigos y no como imputados. El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2017. Los delitos tienen penas de hasta 20 años de prisión.

0221.com.ar | Martín Soler
Por Martín Soler Redactor Judiciales
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Un pedido de juicio oral recayó sobre los hermanos y empresarios de La Plata Matías y Marcos Peuscovich, junto con su socio de la productora "En Vivo", Gustavo Zurita; como únicos procesados por el trágico final del recital que el Indio Solari dio en Olavarría en marzo de 2017. El fiscal David Carballo, que investiga el show en el que murieron dos personas, cerró la Instrucción Penal Preparatoria y elevó el pedido al Juez de Garantías por lo que el cantante quedó totalmente desligado de la causa tras haber presentado mediante su abogado la firma de un contrato que dejaba en claro que él solo fue responsable de la "organización musical" del evento.

Aquella noche del 11 de marzo de 2017, una multitud desbordó por completo el predio La Colmena, a las afueras de la ciudad, y el evento terminó en tragedia por los fallecimientos de Javier León de 42 años y Juan Francisco Bulacio de 36 años. Según los estudios realizados perdieron la vida asfixiados producto de las avalanchas generadas en el mismo predio.

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Bulacio y León, murieron durante una avalancha ocurrida en las cercanías del escenario donde el Indio Solari daba el recital. Además de las dos muertes, una gran cantidad de personas resultaron heridas, mientras que numerosas asistentes quedaron perdidos durante varios días sin poder regresar a sus hogares.

Los informes forenses confirmaron que las muertes “fueron consecuencia de las avalanchas que se produjeron en el recital, lo que guarda relación directa con la falta de medidas de seguridad que debieron haberse establecido”, afirmó Carballo.

Respecto del exceso de asistentes al show, el fiscal aclaró que eso también fue responsabilidad de los organizadores. “Son ellos los que eligieron el predio donde se iba a realizar el espectáculo. Debieron prever las medidas de seguridad para que las personas no corrieran peligro, aún si hubiera asistentes en exceso respecto de lo que está habilitado el lugar”, detalló.

Durante la instrucción de la causa el fiscal había aclarado que “tanto Solari como el intendente de Olavarría", Ezequiel Galli, solo eran testigos del caso. Según surge de la investigación, Solari era el encargado de la producción artística del evento y derivaba en la productora el trabajo de los aspectos organizativos del show, tales como la venta de entradas, contratación de servicios de seguridad, controles y puestos sanitarios. En el caso de Galli, debería responder -en cualquier caso- por cuestiones contravencionales, como permitir venta de alcohol en puestos adyacentes al predio donde se realizó el recital.

“La habilitación no la realiza el Intendente sino que se presenta un plan de emergencias y bomberos realiza un acta final de obra donde consigna que el predio esté en condiciones de ser habilitado y la capacidad de gente habilitada”, informó el fiscal.

La declaración indagatoria se demoró casi un año por el pedido de peritajes sobre la cantidad de público que hubo en el predio La Colmena, que había sido habilitado para hasta 155.000 espectadores, aunque los organizadores admitieron haber que vendieron casi 200.000 entradas. Para resolver esta incógnita el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Unidad Criminalística de la Policía Federal realizaron una serie de pericias con fotografías, filmaciones y planos. “Para el ITBA hubo 225.000 personas y para la Policía Federal 246.000 personas. Se trata de un margen de error de 5 por ciento pero que, en cualquier caso, es casi el doble de la capacidad del predio”, afirmó Carballo.

En caso que la causa llegue a juicio oral y se deseche el delito de dolo eventual (los delitos tienen penas de hasta 20 años de prisión), Carballo planteó una segunda imputación por “estrago culposo en concurso ideal con homicidio culposo”, cuya pena es de entre dos y cinco años de prisión.

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