Cientos de nombres, datos y antecedentes en carpeta. Eso existe en un legajo fiscal de corte “deportivo” que está en las gavetas del edificio de Fiscalías de La Plata, será objeto de análisis y no se descarta que sea un posible desprendimiento de la megacausa denominada “la banda del juez”, por la que el exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo, está tras las rejas junto a una empresa criminal de policías corruptos, ladrones, sicarios, barras, narcos de baja y alta intensidad, simuladores y lobistas, todos acusados de integrar una megabanda mixta que operó en la ciudad, al menos, desde el año 2010.
Mientras la fiscal Betina Lacki redacta el pedido de prisión preventiva para Melazo, el exjefe de la barra de Estudiantes Rubén “El Tucumano” Herrera (sospechado también como uno de los mayores distribuidores de droga en la noche platense) y el lobista político y judicial Enrique “Quique” Petrullo, trascendió de calificadas fuentes judiciales que los investigadores se toparon con nuevos hechos poco claros que están relacionados a la elección para Presidente en el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, desarrollada a fines de noviembre de 2013, contienda que quedó en manos de Daniel Onofri, cuya lista fue apoyada por el entonces intendente de La Plata, Pablo Bruera y su hermano concejal Gabriel. Nuevamente fútbol, políticos, empresarios y magistrados, todos juntos, observados por la justicia.
Ese triunfo electoral de 2013 fue la única alegría en las urnas para los hermanos Bruera. En los comicios legislativos de octubre de ese año, perdieron ante el novato Frente Renovador, repleto de viejos caciques de la política local, bajo el paraguas del entonces intendente de Tigre, Sergio Massa. De renovador nada, de reciclador, mucho. La derrota del bruerismo se explica en la trágica inundación del 2 de abril de 2013 en la capital bonaerense.
En ese turno electoral compitieron tres listas. La oficialista “Arriba Gimnasia”, la opositora Plan Integral Somos Gimnasia, con el kirchnerista derrotado Carlos Castagneto, y la que llegó casi sobre el cierre de presentación de listas, Frente Por Gimnasia, encabezada por el hoy detenido, César Melazo.
JUEGOS DE LA MEMORIA
La opción que resultó triunfadora estaba integrada, entre otros, por el actual concejal del oficialismo, Javier Mor Roig.
Las listas de la oposición denunciaron que, a último momento, se “inflaron” los padrones de socios, con el objetivo principal de asegurar el triunfo del oficialismo.
A tal punto llegó la pelea, que se radicó una denuncia penal que quedó en manos del exfiscal Tomas Moran, también detenido en una causa conexa a la de Melazo. El denunciante fue Gastagneto y luego se sumó Melazo. La derrota judicial de ambos fue contundente. La Cámara Penal de La Plata sostuvo que no existió delito (o al menos no fue probado con las evidencias aportadas) en la denuncia por presunto fraude en las elecciones, y confirmó el rechazo del pedido de los denunciantes de sumarse a la investigación bajo la figura de particulares damnificados.
En la resolución dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata (la misma Sala que previene en la causa Melazo) los magistrados entendieron que el caso se trata de presuntas irregularidades “administrativas” y que debieron hacer los planteos por las vías que correspondan. Así, los camaristas confirmaron la resolución en el mismo sentido que había dictado el juez de Garantías, Juan Pablo Masi.
El 7 de enero de 2014 la sede de Gimnasia fue allanada. Los peritos informáticos secuestraron computadoras cuyos discos rígidos fueron analizados por el Gabinete de Informática de la DDI La Plata. El expresidente Onofri fue patrocinado por los letrados Brian Álvarez, Carlos Irisarri, Juan Losinno, Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri.
La boleta de Melazo estuvo integrada, entre otros, por el dirigente gremial del Sindicato de Obas Sanitarias Julio Castro (ambos fueron vecinos en el fastuoso edificio vidriado ubicado en la esquina de 7 y 35) y el fiscal Álvaro Garganta (mencionado en escuchas telefónicas realizadas a la banda).
Por su parte la de Castagneto la conformaron el empresario Raúl Tassi, el exfiscal Rubén Sarlo y el actual concejal Gastón Castagneto.
En el poroteo previo de la elección las encuestas indicaban que Castagneto tenía grandes chances de ganar, por primera vez en su vida, una elección y acceder a un cargo por mérito y militancia propia, más allá de la fuerte suma de dinero que erogó para la campaña.
La elección del mundo “Tripero” fue tema nacional. Una de las socias que se acercó a votar fue Ofelia Wilhelm, la madre de la entonces jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner. Ese día se quejó por la demora en el arranque de los comicios y la falta de la boletas de los espacios opositores. Viejas mañas de la política tradicional, reflejada en los cuartos oscuros de uno de los clubes más importantes de La Plata.
Pero la aparición del espacio de Melazo (impulsada desde la gestión Bruera, según se comentaba en los pasillos políticos de la ciudad) le quitó chances. Fragmentó el voto opositor y facilitó el triunfo al oficialismo. Divide y reinarás, nada nuevo bajo el sol.
Un dato llamativo. En la nómina de Castagneto figuraba Roberto Zapata como candidato a vocal titular. Integrantes de esa lista confirmaron a 0221.com.ar que se trata del hijo de Roberto Zapata, quien en 2010 fue víctima de robo en su vivienda, mientras festejaba su cumpleaños en un salón de fiestas de la ciudad.
Los integrantes de la banda mixta acusaron a Juan Roberto Farías de ejecutar el escruche (robo de viviendas en ausencia de sus propietarios o moradores) y por eso lo mataron.
Según figura en la causa, días antes del hecho, durante un asado por el Día del Amigo en la casa del excomisario Gustavo Burzstyn (también detenido como integrante de la peligrosa gavilla, asistido por el abogado Marcelo Peña) se dio la orden de “no tocar” esa propiedad. Pero alguien traicionó ese pacto de bandidos y robó. De juez en turno estaba César Melazo, quien confesó haber participado de esa reunión de amigos, pero negó conocer a los integrantes de la banda, aunque reconoció tener habitualidad y frecuencia de trato con el dueño de casa y anfitrión Burzstyn. También el exmagistrado dijo que al momento del robo, estaba en el cumpleaños de la víctima. A esa fiesta también asistió el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, titular del juzgado de Garantías 1 de La Plata y con edad y requisitos para jubilarse.
El atraco nunca se esclareció, aunque en las diagonales platenses el rumor que corría indicaba que el golpe fue “millonario y en dólares”. La víctima denunció la sustracción de 70mil pesos y joyas. Dato a no perder de vista: la especialidad de la banda era robar a personas que no podían justificar su patrimonio personal o el origen y propiedad de fuertes sumas de dinero bajo resguardo hogareño. El delito perfecto, apoderarse de lo imposible de denunciar, como plata negra o cargamentos de cocaína.
LA MEGACAUSA
En la investigación principal las prisiones preventivas recayeron sobre el excomisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas); el oficial Gustavo Mena (ya cesanteado por otra causa); Javier Ronco (estaba bajo arresto domiciliario por un doble homicidio); Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes (detenido por el homicidio de Juan Farías, exintegrante de la banda); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El Fiscal” Gómez de Saravia; Héctor “Pepe” Vega (cuya defensa asumió Marcelo Di Siervi); y el barra de Gimnasia, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández.
En tanto el policía Marcos Chiusaroli fue excarcelado por la jueza de Garantías, Florencia Butiérrez, quien entendió que con las evidencias colectadas no alcanzaba para ordenar la prisión preventiva, pero sigue procesado en la causa.
Como si no bastara, en la mira de la fiscal están: varios abogados y magistrados.
Esta mega investigación se deriva del expediente por el homicidio de Juan Farías, exintegrante de la banda mixta de policías y ladrones con presunta protección judicial. La víctima fue asesinada el 1 de diciembre de 2010 en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27. Se sospecha que fue un ajuste de cuentas por el escruche a la casa del técnico de fútbol Roberto Zapata.
A todo hay otras 35 nuevas causas por posibles delitos que habrían cometido otros magistrados junto a empresarios, políticos, comerciantes y abogados de La Plata. Todos los legajos están en manos de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien está en etapa de análisis de las denuncias y prepara una batería de medidas de prueba para avanzar en la pesquisa.
Ya lo dijo el jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand: “Esta causa atraviesa horizontalmente a toda lo sociedad de La Plata”.
JUICIO POLÍTICO
La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires dispuso que el próximo martes 25 de septiembre se realice el sorteo de conjueces legisladores para analizar si corresponde, o no, iniciar un proceso de juicio político para el juez de Casación Martín Ordoqui, imputado por “tráfico de influencias” y apartado por 90 días de su cargo, según dispuso la Suprema Corte bonaerense.
La imputación es impulsada por la fiscal Betina Lacki quien considera que existen elementos suficientes para el procesamiento del juez. En la causa existen escuchas telefónicas que lo mencionan como un magistrado permeable. A cambio de dinero confeccionaba resoluciones a medida para otorgar beneficios procesales, es la hipótesis de los investigadores.
También hay fotos de Ordoqui con el lobista Petrullo en situaciones amistosas que generan sensaciones de habitualidad o frecuencia de trato personal cercano.
El magistrado tiene fueros que sirven como terraplén de contención para el avance de la Justicia. Para ello es necesario que sea destituido de su cargo, tarea analizada por la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, hasta donde llegó una denuncia del procurador general bonaerense, Conte Grand, quien pidió el jury.
En tanto, la Suprema Corte bonaerense sorteará sus conjueces abogados el próximo 3 de octubre al mediodía. Una vez constituido el jurado (legisladores y abogados) analizarán en conjunto y votarán si corresponde avanzar o archivar la denuncia.
