La toma del ministerio de Economía por parte de trabajadores de Astillero Río Santiago comenzó a tomar impulso nuevamente pero no desde la acción callejera, sino en el expediente judicial que tiene bajo su instrucción el fiscal Marcelo Romero, designado especialmente para que indague sobre un universo indeterminado de posibles delitos de acción pública que podrían haber cometido los manifestantes durante la protesta.
La designación de Romero al frente de la investigación fue rubricada por el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo. En rigor le correspondía por turno a la fiscal Ana Medina, titular de la Fiscalía 1, pero el jefe de los fiscales platenses optó por designar al magistrado que estuvo a punto de detener al intendente de Ensenada, Mario Secco, tras su irrupción en la Legislatura provincial, en el marco de una protesta, registrada en 2017.
Romero y un equipo de avezados instructores de la Fiscalía 6 de La Plata estuvieron en el ministerio de Economía durante un tramo de la protesta. Pero este miércoles 19 de septiembre volvió a la sede del Ministerio junto a sus colaboradores para comenzar con la investigación.
Análisis de cámaras de video, barrido de imágenes por medios de comunicación, declaración de trabajadores de la cartera económica y pericias sobre computadoras, son las primeras medidas de prueba que se tomó en la instrucción del caso.
Por el momento la causa no tiene imputados. El universo de posibles delitos a investigar es vasto. Algunas de las figuras posibles son vandalismo, intimidación pública, coacción agravada, entre una cadena de infracciones descriptas en el capítulos de delitos de acción pública del Código Penal.
La primera causa fue iniciada de oficio en el fuero Penal de La Plata. Luego ingresó una denuncia del propio ministro de Economía, Hernán Lacunza, que se anexó al primero de los expedientes abiertos en el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP).
No es la primera vez que Romero tiene que investigar casos de alto impacto en la política bonaerense. En julio del año 2010 procesó al entonces titular del Comité Provincial de Seguridad Deportiva (Coprosede), comisario Rubén Pérez, acusado de liberar zonas para que integrantes de una facción de la barra de Estudiantes de La Plata cometa desmanes. Cuando estaba por requerir la detención, fue apartado del expediente. La defensa llegó con diversos planteos hasta Casación bonaerense (máxima instancia Penal de la Provincia, hoy bajo la lupa judicial por resoluciones polémicas) donde dictaron el sobreseimiento definitivo del funcionario de Daniel Scioli.
En diciembre de 2017, Romero imputó al intendente de Ensenada, Mario Secco, luego de los incidentes ocurridos dentro del recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, donde el jefe comunal irrumpió con un grupo de personas, mientras la sesión estaba en un cuarto intermedio, para protestar por la represión que se estaba perpetrando afuera del recinto. En esta ocasión, también, cuando estaba a punto de pedir la detención del acusado, fue corrido de la investigación que quedó en manos de la fiscal Ana Medina.