Una batería de novedades se generó en las últimas horas en el marco de la investigación por la causa conocida como “la banda del juez”, que tiene como protagonista a varios abogados defensores de los acusados, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
Mientras la fiscal Betina Lacki hace un análisis general de toda la causa y prepara el pedido de prisión preventiva para el exjuez de Garantías César Melazo, el exjefe de la barra de Estudiantes de La Plata, Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera; y el lobista político y judicial Enrique “Quique” Petrullo, las defensas de varios acusados despliegan su artillería procesal con el objetivo de aniquilar la investigación.
El intendente Julio Alak designó para ese cargo a Sebastián Genatti, quien se desempeñaba como subsecretario del área. Reemplaza a Marcelo Giampaoli.
Tras un rebote débil, la actividad cayó en el último trimestre de 2025 en La Plata. Deterioro del empleo y los salarios y fragilidad de los comercios.
Un punto en común que une a todos los abogados: piden la nulidad de la causa en base a que no pudieron acceder a la totalidad de la prueba y consideran que se ve afectado el derecho de defensa en base al principio legal de igualdad entre las partes. “Sabemos de qué y cómo nos tenemos que defender, pero para cumplir con nuestros asistidos necesitamos imperiosamente acceder, por ejemplo, a todas las escuchas telefónicas y no solo al recorte que hay en el expediente”, expresaron la mayoría de los abogados consultados.
Gustavo Rivero es el abogado de Javier Ronco, procesado como integrante de la asociación ilícita y detenido, además, por un doble homicidio en La Plata. El 23 de julio último estaba con arresto domiciliario. Su casa fue allanada. Según la defensa, el acta del procedimiento no refleja lo ocurrido allí. Por ese motivo el defensor denunció la “falsedad ideológica del acta”.
“En el allanamiento encontraron una pistola calibre .40 debajo de la cama, en el acta dice que la pistola es de 9 milímteros y el arma que fue sometida a pericia es una calibre .45”, detalló el abogado ante la consulta de 0221.com.ar.
El letrado también aseveró que desapareció uno de los pen drive secuestrados en el procedimiento. En ese dispositivo de almacenamiento “Ronco grabó a emisarios judiciales cuando le pedían dinero para mejorar su situación procesal”, expresó Rivero, quien pidió a la jueza de Garantías Florencia Butiérrez que ordene el inicio de una investigación penal sobre el tema.
Además el viernes último Ronco junto a Luciana Pollito y Ángel Custodio “Pipi” Yalet (otro de los detenidos como integrante de la banda) declararon ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. Fuentes judiciales aseveraron que en sus versiones, dieron precisiones de reuniones con el exfiscal Tomas Moran (detenido en una causa conexa) en las que el funcionario les pidió dinero a cambio de beneficios procesales, según el relato de los declarantes.
En tanto el excomisario Gustavo Burzstyn (detenido como integrante de la asociación ilícita) fue trasladado este martes a la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata para una audiencia con los jueces Ricardo Szelagowski, Sergio Almeida y Laura Lasaga, quienes deben definir sobre la apelación de la prisión preventiva impulsada por el defensor Marcelo Peña.
En su declaración, el excomisario descartó vínculos de asociación ilícita y su abogado bajo un amplio y voluminoso dictamen defensivo refutó cada uno de los argumentos que sostienen que es integrante de una banda o asociación que tenían como fin cometer ilícitos.
Burzstyn contó cómo fue su actividad dentro de la fuerza y habló sobre el famoso asado del día del amigo que es uno de los sostenes de su acusación. Reconoció que asistieron Melazo y Juan Farías (el integrante de la banda asesinado en un ajuste de cuentas interno), pero en bandas horarias distintas y que no se cruzaron en el encuentro gastronómico.
En tanto la defensora oficial María Julia Martínez fue notificada que el juez de Garantías Pablo Raele rechazó la excarcelación del exfiscal Moran.
JUICIO POLÍTICO
La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires dispuso que el próximo martes 25 de septiembre se realice el sorteo de conjueces legisladores para analizar si corresponde, o no, iniciar un proceso de juicio político para el juez de Casación Martín Ordoqui, imputado por “tráfico de influencias” y apartado por 90 días de su cargo, según dispuso la Suprema Corte bonaerense.
La imputación es impulsada por la fiscal Betina Lacki quien considera que existen elementos suficientes para el procesamiento del juez. En la causa existen escuchas telefónicas que lo mencionan como un magistrado permeable. A cambio de dinero confeccionada resoluciones a medida para otorgar beneficios procesales, es la hipótesis de los investigadores.
También hay fotos de Ordoqui con el lobista Petrullo en situaciones amistosas que generan sensaciones de habitualidad o frecuencia de trato personal cercano.
El magistrado tiene fueros que sirven como terraplén de contención para el avance de la Justicia. Para ello es necesario que sea destituido de su cargo, tarea analizada por la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, hasta donde llegó una denuncia del procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, quien pidió el jury.
En tanto, la Suprema Corte bonaerense sorteará sus conjueces abogados el próximo 3 de octubre al mediodía. Una vez constituido el jurado (legisladores y abogados) analizarán en conjunto y votarán si corresponde avanzar o archivar la denuncia.
EL CASO
En el marco de esta causa hay otros 14 procesados, 13 de ellos tras las rejas.
Las prisiones preventivas recayeron sobre el excomisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas); el oficial Gustavo Mena (ya cesanteado por otra causa); Javier Ronco (estaba bajo arresto domiciliario por un doble homicidio pero volvió a prisión); Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes (detenido por el homicidio de Juan Farías, exintegrante de la banda); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El Fiscal” Gómez de Saravia; Héctor “Pepe” Vega; y el barra de Gimnasia, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández.
Junto a este lote de procesados también fueron detenidos el exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo, el lobista judicial Enrique Petrullo y el exjefe de la barra de Estudiantes de La Plata, Rubén “El Tucumano” Herrera.
En tanto el policía Marcos Chiusaroli fue excarcelado por la jueza de Garantías Florencia Butiérrez quien entendió que con las evidencias colectadas no alcanzaba para ordenar la prisión preventiva, pero sigue procesado en la causa.
Como si no bastara, en la mira de la fiscal están: varios abogados y magistrados.
Esta mega investigación se deriva del expediente por el homicidio de Juan Farías, exintegrante de la banda mixta de policías y ladrones con presunta protección judicial. La víctima fue asesinada el 1 de diciembre de 2010 en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27. Se sospecha que fue un ajuste de cuentas por el escruche a la casa del técnico de fútbol Roberto Zapata. Oficialmente se denunció el robo de 70 mil pesos y joyas. Pero en las diagonales de la ciudad se sostiene que fue un atraco millonario en dólares, cuyo origen es difícil de explicar. Se trataría dinero negro de la política ligado a un diputado nacional.
El atraco ocurrió mientras Zapata festejaba su cumpleaños en un salón VIP de La Plata. En la lista de invitados a la fiesta figuró Melazo, quien se sentó en la misma mesa junto a otro juez de Garantías que, por el momento, no aparece salpicado en este escándalo con sello platense, pero el que habrá que prestar atención.
A todo hay otras 35 nuevas causas por posibles delitos que habrían cometido otros magistrados junto a empresarios, políticos, comerciantes y abogados de La Plata. Todos los legajos están en manos de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien está en etapa de análisis de las denuncias y prepara una batería de medidas de prueba para avanzar en la pesquisa.