Una interna abierta en el Gabinete del presidente Mauricio Macri podría golpear en La Plata y las principales ciudades del país. Es que la lucha intestina que impulsan los ministros de Modernización, Andrés Ibarra, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, con la anuencia del mandatario; frente a su par de Justicia, Germán Garavano, por los fondos que surgen los registros de propiedad del automotor podría significar el cierre de las 16 dependencias que tienen sede en la ciudad. En cualquier caso, se trata de un servicio históricamente ligado a favores políticos, con una recaudación que se estima en unos nada desdeñables 15 mil millones de pesos a nivel nacional.
Como informó este lunes el diario La Nación, el gobierno nacional busca digitalizar los trámites ligados al polémico servicio, concesionado a actores privados. En ese marco, el primer paso será la implementación de una plataforma de trámites a distancia para registrar y transferir vehículos sin concurrir a un registro. La segunda etapa, en tanto, prevé el cierre de los registros de autos, motos y maquinaria agrícola que en el país son poco más de 1.500 y en La Plata un total de 16.
Dependientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), los registros ya comenzaron a realizar trámites y operaciones de manera digital y a través de Internet y correos electrónicos, sin embargo, la iniciativa prevé que esta sea la única vía. Entre esos trámites online que ya existen se encuentran las transferencias digitales, los pedidos de turnos, los pedidos de informes, las inscripciones iniciales y la obtención del título del vehículo.
En cualquier caso se trata de una caja fundamental para el funcionamiento del Ministerio de Justicia. Es que, según explicó el matutino, prácticamente todos los trabajadores contratados de esa cartera se sostienen gracias a esos ingresos. La iniciativa generó fuertes resquemores en esa área, donde se preguntan cómo harán para financiar el funcionamiento de la dependencia.
El objetivo de Ibarra es incorporar la firma digital remota, digitalizar toda la documentación que se encuentra en papel en todos los registros seccionales para servicios automáticos y digitalizar los trámites con prenda, que son más del 50% de los patentamientos de automotores. Todo en busca de una mayor eficiencia administrativa.
Lo cierto es que los registros han servido como espacios para devolver favores políticos o concesionar un negocio muy rentable a amigos del poder. En 1990, solo había 300 registros en todo el país, pero cuando Carlos Menem dejó el Poder Ejecutivo eran más de 900. Con Cristina Kirchner, La Cámpora se quedó con el control. En agosto de 2017 el propio Garavano resolvió crear 56 registros de propiedad automotor en todo el país, la mayoría en el territorio bonaerense: en La Matanza, La Plata, Merlo, Ituzaingó, Hurlingham, Mar del Plata, Tigre, San Martín, Florencio Varela, Berazategui y José C. Paz.
Macri busca terminar con la burocracia, pero desmantelar los registros podría ponerle en frente dos difíciles panoramas: por un lado, el de despedir o pasar a planta permanente los trabajadores contratados por la cartera de Justicia justo cuando se impulsa una feroz reducción del gasto público y, por otro, la pérdida de los 10 mil puestos de trabajo que hoy representan los registros.