El Concejo Deliberante votará, seguramente en la última sesión del año, la ratificación de un decreto del intendente Julio Garro a través del cual se rezonificarán 29 hectáreas que pasarán a ser de uso residencial para la construcción de viviendas unifamiliares en la que vivirán cerca de mil personas.
La irrupción de ese proyecto en la reunión de la Comisión de Planeamiento de este miércoles generó una fuerte polémica respecto de la planificación del desarrollo urbano del distrito, el impacto ambiental y la posible generación de las “condiciones para un negocio inmobiliario millonario” planteado por concejales de la oposición.
Un concejal de Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto para que los edificios públicos y privados de La Plata desarrollen terrazas verdes.
La jornada se llevará a cabo en el Palacio Municipal, ubicado en 11 entre 51 y 53, este fin de semana y contará con la presencia de bandas locales.
Se trata de cinco parcelas que se subdividirán en 20 manzanas que, una vez que el expediente sea aprobado, podrán se subdivididas en unos 228 lotes de un barrio abierto que se denominará Clementina II. A menos de 150 metros del lugar hay un emprendimiento bastante más chico, que se llama Clementina.
Lo que hace el decreto del jefe comunal es autorizar la asimilación en esos lotes de los indicadores que el Código de Ordenamiento Urbano contempla para las zonas residenciales de la periferia del eje noroeste (Zona U/R6). Actualmente ese Código, que fuera aprobado en 2010 como ordenanza 10.703, considera a ese sector como “área complementaria, zona de reserva urbana”, lo cual impediría semejante loteo.
El expediente fue iniciado por Astufa Fiduciaria S.A. a través de su presidente Juan Sebastián Lorne Stephens, el cual se constituyó como fiduciario del fideicomiso Urbanización Clementina II. La empresa se dedica a la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, lo cual incluye viviendas unifamiliares y multifamiliares.
Los terrenos en cuestión están ubicados en Los Porteños, territorio integrado a City Bell, y están atravesados por las calles 30, 31, 31 bis y 132, desde 449 hasta el Arroyo Carnaval (a la altura de 442).
Contempla la apertura de calles, la utilización del espacio lindante con el arroyo como parque, un plan de forestación, espacios peatonales y de recreación, y la extensión de las redes de servicios públicos.
LA HISTORIA
El proyecto llegó al Concejo Deliberante en el marco de las discusiones por otra iniciativa con la que se regularizan los indicadores urbanísticos de otros 34 desarrollos urbanos que fueran aprobados por decreto por la gestión del ex intendente Pablo Bruera, pero que nunca fueran ratificados por el Concejo Deliberante, una condición impuesta por un decreto ley provincial (el 8912/77). Entre ellos está el barrio Clementina, un proyecto de urbanización ubicado a pocos metros del Clementina II que contempla una integración con la rivera del Arroyo Carnaval.
Regularizándolos ahora, con el paso por el Concejo Deliberante, la actual gestión pretende destrabar situaciones administrativas que impiden el avance de los proyectos. En todos los casos se trata de rezonificaciones aunque tienen entre sí distinto niveles de avance.
Pero el expediente de Clementina II no está firmado por la gestión anterior sino por la actual. El Departamento Ejecutivo se vale de la herramienta que le da el artículo 267º del Código de Ordenamiento Urbano, que permite asignar a las parcelas de “reserva urbana” los indicadores de las zonas residenciales cuando éstas sean aledañas.
EL DEBATE
En la reunión de este miércoles, en la que el oficialismo avanzó con el despacho para que entre en el sumario de sesiones, participó el director de Planeamiento Fernando González defendiendo la idea y la secretaria del área Ilean Cid. Pero la discusión política más fuerte se dio entre los opositores Norberto “Chucho” Gómez, Lorena Riesgo y Victoria Tolosa Paz, y los oficialistas Javier Mor Roig (presidente de la Comisión) y Fernando Ponce (presidente del Concejo).
Como funcionario de perfil técnico, González defendió el procedimiento para regularizar los decretos a través de la ratificación por parte del Concejo (tanto los 34 de Bruera como el enviado ahora por Garro). Sus contrapuntos más fuertes fueron con Tolosa Paz, quien cuestionó insistentemente la inclusión del expediente generado por la actual gestión en el marco del proyecto que regulariza los loteos hechos por la anterior.
En ese tramo, el más político, fue Ponce quien emprendió la defensa planteando la relación de mayorías y minorías que rigen el funcionamiento del cuerpo.
Gómez, desde el bloque de Unidad Ciudadana cuestionó que el procedimiento defendido por el funcionario “no acompaña el crecimiento armónico y compacto de las zonas urbanas, porque no hay sustentabilidad y contradice lo que dice con lo que se hace”. Pidió, para el caso de los decretos de Bruera, priorizar los que ya están habitados, y advirtió sobre “el desarrollo especulativo inmobiliario” que se genera. También calificó de “brutalidad” al modo en que avanzó el Ejecutivo y planteó la posibilidad de recurrir a la Justicia.
Lorena Riesgo también lanzó una advertencia: consideró que el procedimiento elegido por el Ejecutivo para regularizar las situaciones será “generadora de una demanda” de aquellos sectores que apelarán a este antecedente “para pedir lo mismo”. También propuso aplicar, para estas iniciativas y como criterio general, el 15% de plusvalía que prevé la Ley de Habitat.
En el encuentro también hubo presencia de integrantes de las asambleas de inundados que plantearon la necesidad de que se garantice la sustentabilidad de las áreas de escurrimiento de los arroyos.
A partir del despacho por parte del oficialismo, el tema será uno de los que calentará la sesión del 26 de diciembre, cuando está previsto el tratamiento de una batería de expedientes sensibles (presupuesto, ordenanzas fiscal e impositiva, adjudicación de la recolección y proyectos inmobiliarios en canteras como los de IRSA y OCSA, y la clínica de Osecac (58 entre 9 y 10).