Pablo Colaci, el médico urólogo de La Plata denunciado por pacientes y procesado por 17 casos de abusos sexuales, recibió un nuevo revés judicial con el rechazo al pedido de arresto domiciliario que había solicitado en junio pasado, confirmaron fuentes judiciales.
La presentación había sido realizada por los abogados Juan Gabriel Mendy y José Luis Maria Villada ante el juez Pablo Raele. El magistrado ordenó la realización del estudio socio ambiental y pericia psicológica al acusado. Con toda esa documentación determinó que no es viable que el médico siga detenido pero en su casa y lo mantuvo tras las rejas penitenciarias.
Un concejal de Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto para que los edificios públicos y privados de La Plata desarrollen terrazas verdes.
La jornada se llevará a cabo en el Palacio Municipal, ubicado en 11 entre 51 y 53, este fin de semana y contará con la presencia de bandas locales.
La defensa apeló la medida. La semana pasada, Colaci fue recibido en audiencia realizada en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, quienes deben definir si hacen lugar al pedido de la defensa o confirman lo dictaminado por el juez de Garantías.
Según figura en la causa, los denunciantes aseguran que fueron abusados sexualmente en el marco de visitas médicas al consultorio del profesional que, hasta el momento de su captura, ejerció la presidencia de la Sociedad de Urología de La Plata.
Para la defensa, los pacientes no están capacitados para “distinguir una masturbación con prácticas clínicas que nunca estuvieron ni cerca de satisfacer un deseo sexual como se le quiere enrostrar” a Colaci.
El profesional sostiene que él es una eminencia en la materia, que aplica técnicas de vanguardia que, por ser nuevas, son poco conocidas entre sus colegas.
A fines de junio último, declararon médicos colegas del acusado. La estrategia defensista apunta a refutar los informes periciales. Cabe recordar que en su declaración indagatoria, Colaci dijo que la fiscal se basó en “declaraciones burdas, mentirosas y malintencionadas” de las presuntas víctimas del abuso, para ordenar su detención.