El secretario nacional Javier Iguacel explicó este lunes cómo funcionará el sistema de compensación que favorecerá a las empresas del sector, producto de la devaluación del peso. Según indicó, el monto extra que deberán pagar los usuarios será de entre $90 y $100.
La funcionaria defendió al presidente a través de una publicación en su cuenta de X, al igual que el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
El gobernador bonaerense apuntó contra el Presidente por la promoción de la empresa $Libra y sostuvo que se trató de un "delito".
La compensación surge por el desfase implícito por la operatoria del mercado energético y está prevista en una ley heredada del gobierno de Carlos Menem que no se aplicaba antes en virtud de la Ley de Emergencia Económica.
Los consumidores pagan en pesos a las empresas distribuidoras por el gas que consumen. A su vez las distribuidoras pagan en pesos ese gas 60 días más tarde a las compañías productoras, unas pocas y en su mayoría multinacionales, que venden su gas en dólares pero por el cual reciben los pesos acordes al valor teniendo en cuenta la cotización del momento.
La megadevaluación de agosto pasado generó un fuerte desequilibrio en esa ecuación, por lo que los pesos recaudados por las distribuidoras y girados a las productoras ya no alcanzaban a pagar las tarifas en dólares merced de la profunda devaluación. Ahora los consumidores deberán compensar esa diferencia: son unos 10 mil millones de pesos que se les pagará a las petroleras en 24 cuotas a partir del próximo 1° de enero.
Así desde el próximo año en cada factura llegará un nuevo ítem, del 10% del total de la factura, destinado a compensar a las productoras para que no pierdan por la devaluación y que en promedio representan unos 90 pesos extra en cada factura.
“La ley está clara, el productor tiene el derecho por el contrato que tiene y la distribuidora tiene el traslado. Nos hubieran llovido los juicios” si no se tomaba esta medida, sostuvo Iguacel. Sin embargo, las asociaciones de derechos del consumidor y la oposición política ya se preparan para impugnar al aumento y el propio fiscal Guillermo Marijuán denunció al Secretario de Estado, basándose en que los usuarios del servicio de gas “ya hicieron pagos” respecto de esos períodos y recordó que “uno de los efectos del pago es la cancelación total”.