Tres diputados y dos senadores bonaerenses serán los conjueces legisladores encargados de analizar la denuncia que pesa sobre el juez de Casación provincial, el platense Martín Ordoqui, quien fue licenciado por la Suprema Corte bonaerense, luego de que su nombre fuera mencionado en escuchas telefónicas en el marco de la investigación de una banda mixta de policías corruptos y ladrones que operó en La Plata desde 2008 hasta el 23 de julio de este año, cuando fue desarticulada.
El sorteo fue realizado en el Senado bonaerense y salieron las bolillas de los senadores Sergio Berni (Unidad Ciudadana – FpV) y Julio Di Leo (Cambiemos), junto a los diputados Guillermo Castello (Cambiemos), Sandra Paris (Cambiemos) y Mariano Pinedo (Unidad Ciudadana).
En tanto este miércoles 3 de octubre, la Suprema Corte bonaerense sorteará a los cincos conjueces abogados que también formarán parte del juzgado de enjuiciamiento.
El magistrado Ordoqui fue imputado por la fiscal Betina Lacki, quien tiene a cargo la investigación de la presunta asociación ilícita que operó en la capital bonaerense, con sospechas de actuar bajo protección de parte del Poder Judicial. El caso fue bautizado periodísticamente como “la megabanda criminal” o “la banda del juez”. En este expediente están detenidos el ex juez de Garantías, César Melazo (con prisión preventiva dictada por la jueza Florencia Butiérrez) y el ex fiscal Tomas Moran (con orden de detención a la espera de la resolución del pedido de preventiva).

En tanto, fuentes legislativas adelantaron a 0221.com.ar que la próxima semana se realizará el sorteo de conjueces legisladores para analizar el pedido de juicio político que pesa sobre el fiscal platense Álvaro Garganta, mencionado por Javier Ronco –otro de los detenidos en la causa de “La banda del juez”- quien aseveró haberle pagado 150mil dólares por un beneficio judicial, según se infiere de la comunicación telefónica que mantuvo con su ex cuñado y ex jefe de la barra de Estudiantes de La Plata, Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera, otro de los sospechados que está tras las rejas. En rigor, Garganta fue denunciado por Osvaldo “Alito” Martínez, un ex acusado de cuádruple femicidio que resultó inocente pero estuvo unos seis meses tras las rejas.
La investigación de “la banda del juez” puso en jaque al Poder Judicial de La Plata. Por fuera de los magistrados mencionados, existen otros nombres de funcionarios judiciales que son investigados.

Además, funcionarios de la Suprema Corte bonaerense, realizaron inspecciones en los juzgados de Garantías 1, 2, 4 y 8 de La Plata, a cargo de los jueces Guillermo Atencio, Jorge Moya Panisello, Juan Pablo Masi y Martín Miguel Rizzo. Estos procedimientos no están ligados a la causa principal, pero llamó la atención que el presidente de la Corte, Julio Pettigiani, dispuso la medida el pasado 15 de agosto y la reiteró ocho días después, cuando la posibilidad de que existan magistrados involucrados en graves delitos, ya era mucho más que un comentario de pasillo.
En tanto las prisiones preventivas recayeron sobre el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas); el oficial Gustavo Mena (ya cesanteado por otra causa); Javier Ronco (estaba bajo arresto domiciliario por un doble homicidio pero volvió a prisión); Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes (detenido por el homicidio de Juan Farías, exintegrante de la banda); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Héctor “Pepe” Vega (cuya defensa asumió Marcelo Di Siervi); el lobista judicial Enrique Petrullo; el exjefe de la barra de Estudiantes de La Plata, Rubén “El Tucumano” Herrera y el barra de Gimnasia, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández. En tanto siguen ligados al proceso pero en libertad el policía Marcos Chiusaroli y Jorge Gómez de Saravia, asistidos por los letrados Oscar Salas y Dante Chirino.

Según se desprende del expediente Melazo y Bursztyn eran los jefes de la asociación ilícita. Mena reclutaba la mano de obra conformada por Ronco, Yalet, Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández, aunque no todos participaban en la totalidad de los planes criminales.
La figura de Bertoni está asociada a la de un entregador de objetivos a atacar. Desde su rol de vendedor de seguros accedía a casas lujosas, comercios y empresas de donde obtenía datos claves que luego, se sospecha, eran proporcionados a la banda para que roben.
Si el plan se salía de cauce acudían a los servicios de Gómez de Saravia que simulaba ser juez federal para aportar pistas falsas y desviar investigaciones.

La protección judicial vendría del juez Melazo y ante eventuales gestiones en Casación bonaerense, acudían a los servicios de Petrullo para su tarea de lobby ante magistrados: jueces y fiscales de la máxima instancia Penal de la provincia de Buenos Aires con sede en La Plata.
Por su parte Herrera aparece mencionado en escuchas y vinculado como socio comercial de Melazo. Se sospecha que el ex jefe de la barra de Estudiantes manejaba gran parte de la distribución de drogas en la noche platense. Negocio que quiso ser tomado por, se sospecha, el hijo de otro magistrado y derivó en una pelea y cruce de denuncias que es materia de análisis en otro expediente.
Como si no bastara, en la mira de la fiscal están: varios abogados, entre ellos uno mediático. Tres magistrados de Casación y un fiscal de instrucción que tiene a su cargo una de las causas más calientes de la justicia bonaerense.

Esta mega investigación se deriva del expediente por el homicidio de Juan Farías, ex integrante de la banda mixta de policías y ladrones con presunta protección judicial. La víctima fue asesinada el 1 de diciembre de 2010 en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27. Se sospecha que fue un ajuste de cuentas por el escruche a la casa del técnico de fútbol Roberto Zapata. Oficialmente se denunció el robo de 70mil pesos y joyas. Pero en las diagonales de la ciudad se sostiene que fue un atraco millonario en dólares, cuyo origen es difícil de explicar.
El atraco ocurrió mientras Zapata festejaba su cumpleaños en un salón VIP de La Plata. En la lista de invitados a la fiesta figuró Melazo, quien se sentó en la misma mesa junto a otro juez de Garantías que, por el momento, no aparece salpicado en este escándalo con sello platense, pero el que habrá que prestar atención en otra denuncia que pesa sobre él.

A todo esto se abrieron 36 nuevas causas por posibles delitos que habrían cometido otros magistrados junto a empresarios, políticos, comerciantes y abogados de La Plata. Todos los legajos están en manos de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien está en etapa de análisis de las denuncias y prepara una batería de medidas de prueba para avanzar en la pesquisa. En una de esas causas está detenido el ex fiscal Tomas Moran y fue procesada la relatora de Casación, María Costanza Fonrouge, quien tiene el pliego aprobado para ser jueza en el departamento judicial de Quilmes.