Tres proyectos de repudio de fuerte contenido político encenderán la polémica en la sesión de este miércoles en el Concejo Deliberante. El primero de ellos, firmado por casi todos los ediles de extracción peronista es un repudio al pedido de detención, rechazada ahora por un juez, del líder de los camioneros Pablo Moyano. En los fundamentos se hace hincapié en lo que los concejales consideran es una "constante persecución del movimiento sindical argentino". No es el único en ese tono: un proyecto en el mismo sentido apunta a repudiar la denuncia penal del gobierno bonaerense contra los dirigentes de ATE Oscar De Isasi y Francisco Banegas. La disputa no terminará allí, dado que Cambiemos contrapuso un proyecto con el que repudia el escrache que sufrió la gobernador María Eugenia Vidal en Chascomús.
El destino que tendrán los tres expedientes en la sesión será diferente. Los dos primeros serán remitidos a comisión y el último será votado y seguramente aprobado dado que el oficialismo tendría el número para hacerlo. Pero tal vez eso poco importe porque de todos modos sus impulsores pedirán la palabra para fundamentarlos. Y casi seguro esas argumentaciones generarán intensos contrapuntos, como viene ocurriendo en casi todos los encuentros.
Los términos del proyecto que habla de Moyano, firmado por Fabián Lugli, Gastón Cstagneto, Victoria Tolosa Paz, Miguel Forte, Cristian Vander, Pedro Borgini, Lorena Riesgo y Norberto Gómez califica de "neoliberal" al gobierno de Mauricio Macri y afirma que se "vuelve a embestir contra Camioneros, un gremio que se hizo fuerte por la lucha consecuente de más de 30 años de Hugo y Pablo Moyano por la dignidad del trabajo y la conquista de derechos".
"Evidentemente el Gobierno esconde intereses económicos y políticos detrás de esta persecución absurda y malintencionada" agregan los argumentos, en los que además cuestionan los índices de desocupación y pobreza.
El repudio a la denuncia del gobierno de Vidal contra De Isasi y Banegas, "denunciados por ejercer su derecho a la protesta", dicen respecto de los hechos ocurridos en el Ministerio de Economía durante uno de los reclamos del Astillero Río Santiago. En ese caso, en los argumentos aprovechan para cuestionar la política provincial respecto de la planta de Ensenada: "Los trabajadores han sido víctima de la paralización total de las obras navales", aseguran.
Esos argumentos se repetirán seguramente cuando ambos proyectos pasen a comisión. Y se encenderán aún más cuando el blopque oficialista ponga a consideración el repudio al escrache sufrido por la gobernadora la semana pasada. El proyecto, firmado por Javier Mor Roig, Claudio Frangul, Raquel Krakover, Liliana Lucha y Guillermo Ronga, apunta contra dirigentes gremiales que serían integrantes de agrupaciones políticas y afirma que ejercen "conductas que no deben ser naturalizadas". Y cierra en los fundamentos: "Nuestra sociedad no puede permitir la utilización de métodos violentos como forma de expresión sin expresarse en su condena".
