Piden juicio a tres ex funcionarios de IOMA por una millonaria estafa
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Piden juicio a tres ex funcionarios de IOMA por una millonaria estafa

Están señalados de ejecutar maniobras ilegales con la compra de prótesis en una ortopedia de La Plata. Por esta causa, un fiscal denunció a un juez.

 

Un pedido de juicio oral recayó sobre Bernardo Rodríguez, Alejandro Fernández y Carlos Soberón, acusados de conformar una asociación ilícita para estafar a la obra social IOMA con la compra de prótesis en una ortopedia de La Plata, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.

La solicitud fue realizada por la fiscal María Cecilia Corfield quien quedó a cargo de la investigación luego de la denuncia cruzada que protagonizaron el fiscal Jorge Paolini y el juez de Garantías, Guillermo Atencio.

La requisitoria está en etapa de notificación de las defensas, quienes realizarán los planteos del caso. Con todas las partes sobre la mesa, la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, deberá definir si hace lugar o rechaza la hipótesis de la fiscal.

Según se sospecha, los acusados, que trabajaban en el área de compras de la obra social de los bonaerenses, realizaban compra direccionadas en la “Ortopedia Alemana”, que tiene domicilios en La Plata y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos locales fueron allanados.

Durante la primera etapa de la instrucción, el fiscal Paolini había pedido la detención de los acusados, pero el planteo no fue aceptado por el juez Atencio. Esto generó una pelea entre ambos magistrados que generó un cimbronazo en el Poder Judicial de La Plata.

El fiscal acusó al juez de pedir coimas a ex funcionarios de la obra social IOMA para no detenerlos.

La causa había sido archivada por el fiscal de San Martín, Edgardo Ledesma, pero su superior, el fiscal general de ese departamento judicial Marcelo Lapargo ordenó desarchivar las actuaciones y darle un nuevo impulso a la denuncia.

En la investigación de Ledesma, la supuesta testigo/imputada Paola Alayo desmintió al fiscal Paolini. De allí que el juez pidió la destitución de Paolini, tras acusarlo de coaccionar a Alayo e incumplir sus deberes de funcionario público. Le adjudicó al fiscal el hecho de no impulsar la investigación por las coimas en IOMA durante el sciolismo porque los acusados no le contestaban sus pedidos de informes, en vez de solicitar allanamientos y otras medidas.

En un escrito que presentó, Atencio afirmó que un funcionario del gobierno provincial le pidió una reunión para transmitirle “el profundo malestar que les causaba que no hubiera renunciado” a su cargo como juez, como se había “pactado”. Detalló que ese emisario le dijo que el mensaje provenía de la jueza de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan, el procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, y el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

¿Cuál sería ese supuesto “pacto de impunidad”? Que renunciara como juez a cambio del cierre de una causa por pedido de sobornos. Pero, según Atencio, él se había reunido con Kogan para transmitirle su “indignación” por la investigación que tramitaba en su contra y la “necesidad de que todo se aclarase”. Para entonces sí, completó, “poder jubilarme y retirarme sin que pese sobre mí sospecha alguna respecto de mi honestidad”.

Otro de los episodios que llamó la atención fue el llamativo traslado del fiscal Paolini: un día después de su denuncia contra Atencio, lo obligaron a dejar la instrucción de las causas y fue corrido al área de juicios orales. Ese movimiento en el tablero del poder dentro de la Justicia platense lo dispuso el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, reconocido amigo del juez imputado.

El rol de Alayo es complejo. Está procesada en la causa de estafas en IOMA. Tuvo una salida elegante de la obra social. Atencio la incorporó en su despacho como empleada y la filmó con una cámara oculta mientras husmeaba la causa en la que está involucrada.

La testigo/acusada primero aseveró que el juez la envió como emisaria a pedir un millón y medio de dólares a sus compañeros de expediente para que la causa no avance. Luego se desdijo.

Antes de que estallara el escándalo, el abogado Juan José Losinno había solicitado al Colegio de Abogados de La Plata (CALP) que impulsara un pedido de juicio político para el juez Atencio.

El escrito fue ingresado al CALP, donde el juez denunció al abogado por “manifestaciones indecorosas” de parte de Losinno, según se desprende del documento al que accedió este medio.

El abogado fue defensor de una persona acusada por presuntas irregularidades en la obra social IOMA. En el primero de los escritos, Losinno manifestó que el juez contaba “años” como si contara “dólares” o “porotos”.

En su presentación, el abogado reclama que se deje sin efecto la denuncia de Atencio en su contra, el desarchivo de la denuncia realizada por el fiscal Paolini (ya hecho por el fiscal general de San Martín) y una nueva investigación del caso en base a un calendario de fechas y hechos detallado en el documento que junta polvillo en algún escritorio del colegio profesional.

En una segunda presentación ante el CALP, el letrado consideró que “las situaciones que se denuncian revelan una ‘gravedad institucional’ que no puede pasar ajena al Colegio de Abogados de La Plata”.

Están señalados de ejecutar maniobras ilegales con la compra de prótesis en una ortopedia de La Plata. Por esta causa, un fiscal denunció a un juez. 

12 de octubre de 2018

Un pedido de juicio oral recayó sobre Bernardo Rodríguez, Alejandro Fernández y Carlos Soberón, acusados de conformar una asociación ilícita para estafar a la obra social IOMA con la compra de prótesis en una ortopedia de La Plata, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.

La solicitud fue realizada por la fiscal María Cecilia Corfield quien quedó a cargo de la investigación luego de la denuncia cruzada que protagonizaron el fiscal Jorge Paolini y el juez de Garantías, Guillermo Atencio.

La requisitoria está en etapa de notificación de las defensas, quienes realizarán los planteos del caso. Con todas las partes sobre la mesa, la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, deberá definir si hace lugar o rechaza la hipótesis de la fiscal.

Según se sospecha, los acusados, que trabajaban en el área de compras de la obra social de los bonaerenses, realizaban compra direccionadas en la “Ortopedia Alemana”, que tiene domicilios en La Plata y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos locales fueron allanados.

Durante la primera etapa de la instrucción, el fiscal Paolini había pedido la detención de los acusados, pero el planteo no fue aceptado por el juez Atencio. Esto generó una pelea entre ambos magistrados que generó un cimbronazo en el Poder Judicial de La Plata.

El fiscal acusó al juez de pedir coimas a ex funcionarios de la obra social IOMA para no detenerlos.

La causa había sido archivada por el fiscal de San Martín, Edgardo Ledesma, pero su superior, el fiscal general de ese departamento judicial Marcelo Lapargo ordenó desarchivar las actuaciones y darle un nuevo impulso a la denuncia.

En la investigación de Ledesma, la supuesta testigo/imputada Paola Alayo desmintió al fiscal Paolini. De allí que el juez pidió la destitución de Paolini, tras acusarlo de coaccionar a Alayo e incumplir sus deberes de funcionario público. Le adjudicó al fiscal el hecho de no impulsar la investigación por las coimas en IOMA durante el sciolismo porque los acusados no le contestaban sus pedidos de informes, en vez de solicitar allanamientos y otras medidas.

En un escrito que presentó, Atencio afirmó que un funcionario del gobierno provincial le pidió una reunión para transmitirle “el profundo malestar que les causaba que no hubiera renunciado” a su cargo como juez, como se había “pactado”. Detalló que ese emisario le dijo que el mensaje provenía de la jueza de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan, el procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, y el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

¿Cuál sería ese supuesto “pacto de impunidad”? Que renunciara como juez a cambio del cierre de una causa por pedido de sobornos. Pero, según Atencio, él se había reunido con Kogan para transmitirle su “indignación” por la investigación que tramitaba en su contra y la “necesidad de que todo se aclarase”. Para entonces sí, completó, “poder jubilarme y retirarme sin que pese sobre mí sospecha alguna respecto de mi honestidad”.

Otro de los episodios que llamó la atención fue el llamativo traslado del fiscal Paolini: un día después de su denuncia contra Atencio, lo obligaron a dejar la instrucción de las causas y fue corrido al área de juicios orales. Ese movimiento en el tablero del poder dentro de la Justicia platense lo dispuso el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, reconocido amigo del juez imputado.

El rol de Alayo es complejo. Está procesada en la causa de estafas en IOMA. Tuvo una salida elegante de la obra social. Atencio la incorporó en su despacho como empleada y la filmó con una cámara oculta mientras husmeaba la causa en la que está involucrada.

La testigo/acusada primero aseveró que el juez la envió como emisaria a pedir un millón y medio de dólares a sus compañeros de expediente para que la causa no avance. Luego se desdijo.

Antes de que estallara el escándalo, el abogado Juan José Losinno había solicitado al Colegio de Abogados de La Plata (CALP) que impulsara un pedido de juicio político para el juez Atencio.

El escrito fue ingresado al CALP, donde el juez denunció al abogado por “manifestaciones indecorosas” de parte de Losinno, según se desprende del documento al que accedió este medio.

El abogado fue defensor de una persona acusada por presuntas irregularidades en la obra social IOMA. En el primero de los escritos, Losinno manifestó que el juez contaba “años” como si contara “dólares” o “porotos”.

En su presentación, el abogado reclama que se deje sin efecto la denuncia de Atencio en su contra, el desarchivo de la denuncia realizada por el fiscal Paolini (ya hecho por el fiscal general de San Martín) y una nueva investigación del caso en base a un calendario de fechas y hechos detallado en el documento que junta polvillo en algún escritorio del colegio profesional.

En una segunda presentación ante el CALP, el letrado consideró que “las situaciones que se denuncian revelan una ‘gravedad institucional’ que no puede pasar ajena al Colegio de Abogados de La Plata”.

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