El juicio oral por la trágica inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata se realizará en 2019, según lo dispuso provisoriamente la jueza Correccional Claudia Greco a cargo del debate que tendrá en el banquillo de los acusados a Miguel Ángel De Lorenzo y Sergio Daniel Lezana, responsables provincial y municipal de Defensa Civil, procesados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Este miércoles se realizó la audiencia previa al debate. La fiscal Victoria Huergo, los abogados defensores Juan Di Nardo y Fabián Améndola, junto al particular damnificado, Marcelo Peña, presentaron la prueba a debatir en las jornadas de debate.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado recordó su paso por el Colegio Nacional e intentó hacer una humorada que generó polémica.
Como cada año, con la llegada del frío intenso se aproximan las vacaciones de invierno y ya se conoce cuándo comenzará el esperado descanso de medio término.
La grilla de testigos asciende a 140 personas, pero se estima una reducción considerable de esa cifra. Las partes quedaron en revisar sus listados y comprimirlos para no extender innecesariamente el proceso.
Se estima que serán, al menos, unas 10 jornadas de juicio. La jueza informó que la fecha estimada de inicio es “para los primeros días de febrero del año próximo”, pero esa posibilidad debe ser confirmada mediante un documento oficial y la notificación correspondiente.
Por su parte el defensor Améndola, que asiste De Lorenzo, pidió que se sume como prueba documental el marco normativo vigente que establece las misiones y funciones de los responsables de Defensa Civil.
Las defensas sostienen que el organismo es una dirección que gestiona recursos de terceros (bomberos, ambulancias, lanchas, policías, médicos, hospitales, etc) pero no cuenta (o no contaba al momento del desastre) con suficientes recursos propios para la asistencia en la emergencia, y menos de tamaño calibre.
Para profundizar ese dato, también solicitaron que se informe cuál fue el presupuesto asignado al área en los últimos 15 años.
La causa es un desprendimiento del expediente principal que fue instruido por el fiscal Jorge Paolini. Se trata de la trama política de la mayor tragedia natural que sufrió la capital bonaerense en su historia.
Por el momento, en la investigación se excluyó de responsabilidad penal a los principales funcionarios públicos de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad, Daniel Scioli y Pablo Bruera, amparándose en que las consecuencias de todo lo ocurrido se deben sólo a una “lluvia extraordinaria”, según estableció el informe técnico de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.
Tal como informó 0221.com.ar el abogado Améndola planteó que la causa se debata en otro departamento judicial, ya que en La Plata, todos los jueces fueron directa o indirectamente afectados por la inundación. La propuesta fue acompañada por el letrado Juan Di Nardo, defensor de Lezana, pero la jueza no hizo lugar a la solicitud.
La única sentencia que existe en relación a la inundación fue dictada por el ex juez Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, en la que se estableció que fueron “al menos” 89 las personas fallecidas. Pero una investigación periodística publicada en el libro “2A. El naufragio de La Plata”, estableció un número mayor de víctimas fatales.
En caso de condena, los acusados no irán a cárcel. El delito prevé penas de inhabilitación y multas como sanción.