El INDEC atraviesa una etapa de definiciones y la postergación del nuevo cálculo de la inflación reactivó la discusión sobre las estadísticas oficiales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) atraviesa una etapa de definiciones tras la salida de Marco Lavagna. El Gobierno dejó en suspenso cambios centrales en la medición de la inflación, los salarios y el costo de los alquileres y reactivó la discusión sobre la credibilidad de Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se publica mensualmente.
En un informe al Congreso, el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el nuevo IPC estaba listo desde marzo del año pasado y solo faltaba aval político.
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Ese rediseño figuraba entre los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y recién en octubre el INDEC informó que se publicaría junto con el índice de enero. A ese escenario se sumó la baja de un convenio de $600 millones anuales para el informe de Estadísticas de Turismo Internacional.
La salida del titular del INDEC y la postergación de la entrada en vigencia de la nueva medición también generó un fuerte malestar al interior del organismo estadístico, donde los trabajadores también reclaman por la falta de recomposición salarial.
Según informó Todo Noticias (TN), quienes recién ingresan al ente cobran cerca de $700.000 y para gran parte del plantel los sueldos rondan $1.300.000. "La pérdida del poder adquisitivo y la continuidad de modalidades laborales precarias colocan a los trabajadores del INDEC en una situación crítica", sostuvo al respecto el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Raúl Llaneza.
Tras los cambios, el número 2 de Lavagna, Pedro Lines, asumió el mando del organismo y será él quien deba definir cómo avanza la actualización del IPC, que buscaba incorporar la encuesta de gastos 2017/2018. También quedaron en espera los ajustes de la Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de la pobreza; y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que dispone el piso para la indigencia; y la revisión del Índice de Salarios para actualizar los ponderadores al año 2022 , eliminar el rezago de 5 meses en el sector privado no registrado e incorporar nuevos grupos ocupacionales.
El cronograma interno fijaba como plazo máximo junio de 2026 para aplicar esos cambios, que ahora quedaron sujetos a definición de la nueva conducción.
Además, en diciembre el organismo había anunciado que retomaría la medición de la productividad de la Argentina con apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A eso se sumaban una nueva muestra de viviendas urbanas basada en el Censo 2022 y la actualización del sistema del Índice del Costo de la Construcción, hoy también en revisión.