El pedido coelctivo pretendía que Cristina Kirchner pudiera ser electa pese a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Después de que la agrupación Abogados Solidarios presentara un amparo electoral ante el Juzgado Electoral de La Plata para que se habilite la candidatura de Cristina Kirchner como legisladora provincial por la Tercera sección, el juez Alejo Ramos Padilla decidió declararse incompetente.
De acuerdo a lo que expone el juez en su resolución, más allá de la legitimidad o no que pudiera tener el planteo, la competencia para resolverlo sería del Justicia provincia y/o de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena, la defensa de Cristina Kirchner inició gestiones para obtener prisión domiciliaria y acudió a la CPI.
Dirigentes del Partido Justicialista, junto a aliados extrapartidarios, impulsan una estrategia de movilización para apoyar a Cristina Kirchner.
El amparo había sido impulsado por el letrado Daniel Llermanos, quien se identificó como elector inscripto en esa jurisdicción bonaerense. En la presentación aseguró que la inhabilitación de la expresidenta de la Nación "afecta directamente" su "derecho fundamental a elegir a la candidata" de su preferencia.
Llermanos argumentó tener plena legitimación activa para accionar judicialmente, en tanto ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos. La demanda busca impedir cualquier acto que derive en la exclusión de la exmandataria como candidata, tras la sentencia ratificada por la Corte Suprema en la Causa Vialidad.
En el fallo que ratifica la condena, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La medida, al quedar firme, representa un impedimento para que Kirchner compita en las elecciones provinciales, de acuerdo con la legislación vigente.
El amparo se apoya en varios artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, se solicitó una medida cautelar ante la proximidad del 19 de julio, fecha límite para oficializar las candidaturas.
La expresidenta lo confirmó a través de un breve posteo en X que se pondrá a disposición de la Justicia el próximo miércoles, entregándose en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenida tras la condena que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
"No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea", indicó la exmandataria y agregó: "Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho".
CFK también volvió a reclamar por la prisión domiciliaria y apuntó que "no se trata de un privilegio", sino que la misma "obedece a estrictas razones de seguridad personal".
En su publicación, la exmandataria insistió en que su presentación ante los tribunales se enmarca en una actitud de respeto institucional. Señaló que, a diferencia de otros dirigentes políticos, su accionar siempre fue dentro de los cauces legales, y remarcó que su decisión de estar “a derecho” busca subrayar esa conducta.
Cristina también apuntó contra el Poder Judicial, al que volvió a calificar como "Partido Judicial", y sostuvo que existe una "doble vara" en el tratamiento de las causas. Según indicó, mientras algunos imputados son beneficiados con sobreseimientos, en su caso se avanzó sin que se investigaran aspectos clave del intento de asesinato que sufrió en 2022.
En ese marco, reiteró que su pedido de prisión domiciliaria no responde a un beneficio personal sino a razones de seguridad derivadas de su rol institucional y del atentado sufrido. Aseguró que la custodia obligatoria y los antecedentes de violencia contra su persona justifican el planteo ante la Justicia.
El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat.
No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura.
A estas razones de carácter institucional se le suma una verdaderamente más grave y definitoria para la resolución del Tribunal: el 1 de septiembre del 2022, cuando desempeñaba la Vicepresidencia de la Nación, fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como “Vialidad”, que culminó este martes con “el fallo que sí salió”.
El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. “La bala no salió” por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos. No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se prófuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho.