Un juez declaró inconstitucional el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue aprobada en el Congreso de la Nación el 10 de junio.
La Justicia federal declaró inválido el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión fue tomada por el juez Adrián González Charvay, en el marco de un amparo presentado por los padres de dos niños que advirtieron que el desfinanciamiento ponía en riesgo sus tratamientos y la continuidad de las instituciones a las que asisten.
Según se desprende del fallo, los chicos padecen trastornos del desarrollo y asisten a un colegio especial y a un centro educativo terapéutico que sobreviven gracias a préstamos y donaciones. Ante el riesgo de cierre de estos espacios, sus padres recurrieron a la Justicia.
El Presidente cerró el acto en La Plata junto a los ocho candidatos de La Libertad Avanza. Lanzó fuertes críticas al gobernador Axel Kicillof y al kirchnerismo.
La disputa entre los abogados de Ian Moche, el joven activista de La Plata, y los defensores de Javier Milei sumó un nuevo round en la Justicia.
El magistrado consideró que el veto presidencial constituye un acto de "clara discriminación" hacia las personas con discapacidad y remarcó que el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación de los niños debe prevalecer frente a las restricciones presupuestarias.
La Ley de Emergencia en Discapacidad establecía un régimen integral hasta 2026, prorrogable por un año, que incluía financiamiento para pensiones, fortalecimiento de prestadores, actualización del Sistema de Prestaciones Básicas, recursos para la Agencia Nacional de Discapacidad y la implementación plena de la Ley de Empleo Protegido.
Además, contemplaba una compensación de emergencia para que los prestadores pudieran empatar la inflación del 2024.
Para vetarla, Milei se basó en el impacto fiscal de la norma -estimado entre el 0,22% y 0,42% del PBI- y en el principio de "equilibrio fiscal innegociable" del Pacto de Mayo. El Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, defendió esa postura ante la Justicia y alegó que el reclamo de los padres era hipotético y no un perjuicio actual.
Sin embargo, el juez González Charvay sostuvo que "el cierre de instituciones especializadas no es una amenaza futura, sino una tragedia presente", y que desde diciembre de 2023 las prestaciones recibieron aumentos por debajo de la inflación, lo que generó una grave pérdida de poder adquisitivo y puso en jaque la continuidad de los tratamientos.
El magistrado González Charvay también subrayó el "doble carácter de vulnerabilidad" de los niños involucrados, al ser menores y tener discapacidad, lo que exige al Estado un nivel reforzado de protección.
En su decisión citó además la reciente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció un derecho humano autónomo al cuidado y ratificó la responsabilidad estatal sobre la niñez, los adultos mayores y las personas con discapacidad.