Loretta Preska rechazó el pedido de suspensión del fallo que obliga a la Argentina a transferir el 51% de YPF para pagar una sentencia de U$S 16.000 millones.
La jueza estadounidense Loretta Preska desestimó el pedido del gobierno argentino para suspender el fallo que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF. El reclamo se da en el marco del millonario juicio por la estatización de la petrolera, con un fallo vigente que compromete al país por U$S 16.000 millones en favor de los litigantes.
Según confirmó el especialista Sebastián Maril en sus redes sociales, la magistrada ratificó su decisión de que el país debe cumplir en un plazo de 14 días con la entrega de la mayoría accionaria de la empresa, como forma de pago de una indemnización por U$S 16.000 millones.
El gobierno nacional acelera el ajuste en el Estado y proyecta despedir hasta 6.000 empleados públicos, con foco en contratos y organismos descentralizados.
Según datos del INDEC y consultoras privadas, aumenta la precarización laboral y el desempleo en distintos sectores del país.
El Gobierno había solicitado un stay o suspensión temporaria del fallo, argumentando que continuará su defensa legal en las cortes estadounidenses. Sin embargo, Preska consideró insuficientes los planteos y resolvió que la orden se mantiene vigente.
Desde el entorno legal argentino ya anticiparon que seguirán con las presentaciones judiciales y no descartan recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos si se produce una nueva resolución adversa.
En su estrategia defensiva, Argentina insiste en que la sentencia de Preska contradice el derecho federal de EE.UU., la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), sancionada en 1976 y principios básicos de cortesía internacional. También destaca la Declaración de Interés emitida por el Departamento de Justicia durante la gestión de Donald Trump, la cual fue presentada como un respaldo institucional.
Además, el país sostiene que el fallo representa un "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial", lo que podría sentar un precedente riesgoso para las relaciones entre naciones soberanas y los tribunales estadounidenses.