La Justicia detectó que HLB Pharma, fabricante de los lotes de fentanilo contaminado, movilizaba fármacos en vehículos de uso alimentario.
Miles de medicamentos fueron trasladados sin las condiciones mínimas de seguridad desde HLB Pharma hasta una fábrica de cables en La Reja. Según la Justicia, los fármacos eran transportados en camiones de una empresa de alimentos, que habitualmente traslada pochoclos. Los movimientos se hicieron sin habilitación sanitaria, justo cuando se investigaba el fentanilo contaminado que causó 54 muertes, 15 de ellas en el Hospital Italiano de La Plata.
Según trascendió, los allanamientos en la empresa Epuyén, dedicada a la venta de productos de transmisión de energía, revelaron que los lotes encontrados contenían omeprazol, diclofenac y un paracetamol de marca “Rotilfa”, un anagrama del producto conocido como “Tafirol”. Fueron detectados en depósitos de Epuyén, una firma dedicada a fabricar envases y cables, propiedad del hermano del titular de HLB Pharma. El traslado no respetó ninguna norma vigente para fármacos.
Los camiones utilizados pertenecen a “3 Arroyos”, una empresa de cereales y pochoclos que también integra el mismo grupo familiar. Esta conexión entre firmas de rubros disímiles es uno de los puntos que ahora analiza la Justicia en relación al desvío de medicamentos desde San Isidro hacia Moreno.
Según indicó el diario Clarín, los vehículos tenían plásticos ploteados en los laterales y no cumplían con las exigencias legales para transportar medicamentos, como temperatura controlada o cobertura rígida. El material incautado fue remitido a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su análisis, dado que la planta estaba clausurada desde mayo.
Durante esos días, HLB Pharma ya tenía limitadas sus habilitaciones. El organismo nacional había ordenado frenar la distribución de su fentanilo en hospitales y centros de salud, luego de que se detectaran graves fallas sanitarias en los controles de producción y conservación.
Según los investigadores, los medicamentos podrían haber sido retirados antes de los allanamientos para su posterior comercialización ilegal. Una de las hipótesis apunta al "canal K", una red informal que incluye kioscos y almacenes donde se venden medicamentos por fuera del circuito de farmacias.
La ley nacional prohíbe la venta de remedios fuera de farmacias habilitadas. Sin embargo, según fuentes del sector, estas prácticas persisten en zonas con escaso control. Parte de los productos podría haber sido destinada a este circuito para evitar su decomiso oficial.
En las últimas horas, Nilda Furfaro, madre de los empresarios investigados, envió un escrito al juez Kreplak. Allí pidió permiso para recibir devoluciones de clientes en la sede clausurada, negó desvíos hacia el mercado ilegal y volvió a denunciar una supuesta campaña de desprestigio.
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