Santiago Peña anunció su salida antes de enfrentar un juicio político, en medio de la crisis financiera por la intervención de Ueno Bank.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia este miércoles, en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank. La decisión llegó después de que el Partido Colorado respaldara el juicio político impulsado por legisladores opositores y disidentes del oficialismo.
Santiago Peña comunicó su decisión a través de un video publicado en su cuenta de la red social X, antes de que el Congreso debatiera el pedido de juicio político en su contra. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, expresó.
En su mensaje, el ahora exmandatario sostuvo que su salida busca preservar “la estabilidad”, “la paz social” y las instituciones democráticas del país. También pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento no estuvo a la altura de la confianza recibida.
“Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, afirmó Peña, quien puso especial énfasis en la situación de los ahorristas afectados por la crisis bancaria. “Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, manifestó.
Además, reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos garantice la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos. Ueno Bank contaba con cerca de 3 millones de clientes y administraba entre USD 800 millones y USD 850 millones de dinero estatal, según información de Associated Press.
Uno de los factores determinantes para la salida de Peña fue el posicionamiento de Horacio Cartes, expresidente paraguayo y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR). El dirigente anunció que el Partido Colorado acompañaría el juicio político contra el mandatario.
“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, confirmó el respaldo de la bancada oficialista al pedido de destitución: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
La decisión tuvo un fuerte impacto político, ya que Cartes fue quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y mantiene el control de la estructura del Partido Colorado.
La renuncia también se produjo después de que legisladores opositores y disidentes del oficialismo presentaran un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, amparado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.
El documento reunió 35 firmas, entre ellas las de los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo. Los legisladores solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para este jueves.
Para que el proceso avanzara al Senado, los impulsores necesitaban reunir 53 votos sobre un total de 80 diputados. Luego, en la Cámara Alta, se requería el respaldo de 30 de los 45 senadores para declarar culpables a los mandatarios y habilitar su destitución.
El diputado colorado disidente Mauricio Espínola, integrante de la facción Añeteté, fue uno de los primeros en respaldar la acusación. Antes de la renuncia, había advertido sobre las consecuencias electorales de la crisis: “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”.
El conflicto se desencadenó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.
La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Entre sus depósitos había aproximadamente USD 850 millones en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Tras conocerse la intervención, se registraron largas filas frente a las sucursales bancarias y protestas nocturnas en Asunción. La preocupación se extendió entre los ahorristas por el destino de sus depósitos.
Ante ese escenario, el Banco Central informó que los clientes recibirían un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos USD 1.675. La cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos tiene un límite de 75 salarios mínimos por persona.
En paralelo, el Congreso aprobó una ley de emergencia que Peña promulgó este miércoles. La normativa establece un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos para los afectados: cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121,7 millones de guaraníes (unos USD 19.787), en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor.
“A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”, había publicado Peña en X. En medio de la crisis, el mandatario también designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del Banco Central. El cargo había quedado vacante tras la renuncia de Carlos Carvallo, quien antes de asumir al frente de la autoridad monetaria en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, entidad que dio origen al banco intervenido. El nombramiento deberá ser ratificado por el Senado.
La crisis financiera también derivó en una investigación judicial. La Fiscalía paraguaya imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras vinculadas con operaciones realizadas entre 2025 y 2026.
Según el Ministerio Público, se habrían otorgado préstamos y sobregiros a empresas pertenecientes al mismo grupo económico bajo condiciones que no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación de riesgo crediticio.
El mayor accionista y uno de los fundadores de Ueno Bank, Miguel Vásquez, compareció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción junto a otros siete directivos de la entidad.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para el resto de los ejecutivos. Los involucrados fueron trasladados esposados, con los rostros cubiertos y chalecos antibalas, mientras manifestantes los increpaban frente a la sede fiscal.
La investigación sobre las presuntas irregularidades, la intervención del banco y el impacto sobre los ahorristas terminaron por profundizar una crisis que también alcanzó al Gobierno paraguayo y precipitó la salida de Santiago Peña.
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