La nueva Ley de Financiamiento Universitario recibió el visto bueno del Senado, a pesar del fuerte rechazo del Gobierno y sus legisladores.
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario que prevé actualizaciones periódicas de los presupuestos de las casas de altos estudios y ya contaba con media sanción de Diputados. El presidente Javier Milei, sin embargo, adelantó que vetará la iniciativa porque pone en riesgo el objetivo de mantener el déficit cero.
La nueva norma fue aprobada con 57 votos afirmativos, diez negativos y una abstención. La propuesta opositora incrementa los recursos para las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento e incluye además un incremento salarial para los docentes y no docentes.
La Provincia contrató a la UNLP para la construcción e instalación de las viviendas de emergencias que se producen en la casa de estudios.
La UNLP habilitará próximamente las inscripciones para 2025. Cada uno de los ingresantes se podrá anotar en una sola carrera.
Los votos positivos fueron efectuados por la Unión Cívica Radical (UCR), Unión por la Patria (UxP), bloques federales y solo dos senadores del PRO. Los restantes diez votos negativos fueron aportados por los siete legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y tres del PRO, que también sumó la abstención.
La medida es fuertemente resistida por el Gobierno nacional y el propio Milei, quien adelantó públicamente que está dispuesto a vetarla con el objetivo de avanzar con el fuerte ajuste fiscal que impulsa desde que llegó al poder y sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
La Oficina de Presupuesto del Congreso informó que la iniciativa tendrá un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley, de la misma manera que lo hizo con el aumento de las jubilaciones.
El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades y establece que cada 2 meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las universidades acuerdo a la inflación.
La iniciativa aprobada por Diputados establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que en agosto cerró un 4,2%.
De acuerdo a la Oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de $210.742 millones y el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de $86.254 millones, mientras que para salarios los fondos oscilan en los $441.600 millones.
Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante ese período. Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán actualizarse en forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo entre docentes y autoridades de las universidades nacionales.