Aunque no hay una acusación directa, la Justicia imputó a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y analiza su patrimonio, viajes y bienes para detectar inconsistencias
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aparece más complicado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que la Justicia busca determinar si su patrimonio tuvo un incremento no justificado. La investigación incluye el análisis de bienes, movimientos financieros y viajes al exterior realizados en los últimos años.
La decisión que tomó el fiscal Gerardo Pollicita ubica al funcionario nacido en La Plata como centro de una investigación que tiene como carátula un posible "enriquecimiento ilícito". La investigación apunta a reconstruir su patrimonio y analizar posibles inconsistencias entre sus ingresos declarados y su evolución económica.
Manuel Adorni retomará la agenda pública mientras crecen las críticas y los rumores de una posible salida del Gobierno de Javier Milei.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni habló sobre su viaje a Nueva York, sobre el 50 aniversario del último golpe de Estado y anunció nuevas reformas.
El expediente se encuentra en una etapa inicial y no implica una acusación directa, aunque sí refleja sospechas sobre la veracidad de las declaraciones públicas del funcionario respecto del origen lícito de sus bienes. En ese marco, el fiscal solicitó al juez Ariel Lijo una batería de doce medidas de prueba.
La causa llegó a manos de Lijo luego de que la jueza María Servini se inhibiera y remitiera otro expediente vinculado al incremento patrimonial del exvocero presidencial.
Entre las medidas solicitadas, se destacan pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES. El objetivo es relevar en detalle los activos del funcionario.
También se requirió información a la administración del country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Ruta 6, km 173, en Exaltación de la Cruz, para determinar a nombre de quién figuran registradas expensas y cuotas.
A su vez, el fiscal pidió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires a nombre de Adorni y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y posibles restricciones.
La investigación también contempla el análisis de propiedades que podrían estar a nombre del funcionario o de su pareja, pero que no habrían sido declaradas.
La batería de medidas incluye pedidos de datos migratorios, movimientos laborales y documentación vinculada a operaciones financieras e inmobiliarias, así como información sobre préstamos familiares mencionados en la denuncia.
En esa línea, se solicitó a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025, junto con sus anexos reservados.
Además, el fiscal pidió a la Dirección Nacional de Migraciones el detalle de ingresos y egresos del país de Adorni y Angeletti desde el 1 de enero de 2022, con datos sobre fechas, destinos y medios de transporte.
Finalmente, también se requirió información al Registro Nacional de Buques y al de Aeronaves para determinar si el funcionario o su esposa poseen o poseyeron embarcaciones o aeronaves, así como cualquier derecho vinculado a estos bienes desde 2022.