Una encuesta reveló que casi 9 de cada 10 inquilinos cree que no podrá pagar el alquiler. Jóvenes y mujeres, entre los sectores más golpeados por la crisis.
Una encuesta realizada en marzo por la agrupación Inquilinos Agrupados reveló que el 88% de los inquilinos cree que no podrá afrontar el pago del alquiler en los próximos meses. La situación refleja una crisis habitacional agravada por la pérdida del poder adquisitivo y la desregulación del mercado.
El informe advierte que el 30% de los encuestados ya tuvo que dejar su vivienda por los aumentos, y otro 29,8% se mudó ante la imposibilidad de afrontar los nuevos precios. Además, el 65,5% de los contratos firmados en 2024 fueron celebrados a partir del 1° de enero.
Mientras se cuestiona el método de medición de la pobreza, un estudio advierte que la mayoría de los hogares no alcanza los ingresos promedio del INDEC.
Abril arranca con aumentos en servicios y productos clave para los vecinos de La Plata, como transporte, luz, alquileres, combustible, entre otros.
La mayoría de los contratos actuales presentan cláusulas de ajuste frecuentes. El 80% de los acuerdos contempla actualizaciones mensuales, trimestrales o cuatrimestrales, lo que agrava la situación de los inquilinos ante un contexto económico inestable.
El estudio advierte en medio de la crisis económica sobre un alto nivel de endeudamiento. El 10% de los inquilinos con ingresos más bajos destina el 20% de su salario al alquiler, mientras que el 10% más comprometido supera el 60%.
También se detecta una fuerte inestabilidad en la duración de los contratos. El 66,5% se celebra por dos años, el 18,6% por un año y un 5,5% por menos de seis meses, lo que limita la previsibilidad de los inquilinos y dificulta la planificación familiar y económica.
En la provincia de Buenos Aires, los montos son menores que en la Ciudad de Buenos Aires pero siguen siendo altos: $233.200 por un monoambiente, $321.930 por un dos ambientes y $409.826 por uno de tres.
El impacto de la crisis habitacional se concentra en los sectores más vulnerables. Entre los jóvenes de 25 a 34 años, el 34,8% se mudó por los aumentos. Además, el 59,1% de los inquilinos más afectados son mujeres, muchas de ellas con trabajos informales o sin estabilidad laboral.
La falta de empleo agrava la situación: el 35,3% busca trabajo activamente, el 9,2% está desempleado y el 27,7% tiene algún familiar que perdió su fuente de ingreso. A esto se suma la preocupación por la sobrecarga laboral: el 66,8% se inquieta por la cantidad de horas trabajadas.
El endeudamiento es generalizado: el 64,6% acumula deudas, principalmente en tarjetas de crédito (51,2%), alimentos (38%) y alquileres (30%). Esta situación profundiza la exclusión del acceso a la vivienda y refuerza la demanda por medidas de intervención estatal en el mercado inmobiliario.