El Gobierno nacional actualizará las sumas que reciben las empresas de transporte tras el fallo de la Corte Suprema que permitió modificarlos.
El Gobierno nacional actualizó los costos y subsidios al transporte que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de garantizar el pago del aumento salarial acordado con los choferes de la Unión Tranviario Automotor (UTA). La medida se conoció luego de que la Corte Suprema revocara la medida cautelar que impedía modificar el régimen de compensaciones del sistema.
Según se detalla en la Resolución N°16/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte argentina actualizó el cálculo de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Un pasajero sufrió la amputación de una falange al manipular la butaca de un micro. La Justicia revisó el caso y confirmó la responsabilidad de la empresa.
Usuarios de Platabus relataron que en viaje desde San Vicente el chofer frenó llegando a La Plata ante una falla eléctrica, alertando un posible incendio.
El esquema busca sostener la prestación del servicio en el AMBA, donde el transporte automotor depende en gran medida de compensaciones tarifarias que el Estado paga a las empresas para cubrir parte de los costos de operación. En ese marco, la actualización corresponde a los períodos de febrero, marzo y abril de 2026 y prevé que este último continúe aplicándose en los meses siguientes hasta que se apruebe una nueva revisión de los costos del sistema.
El ajuste en las compensaciones tarifarias que el Estado le otorga a la empresas servirá para garantizar los fondos necesarios que permitan hacer frente a los incrementos en el salario básico, viáticos y las gratificaciones extraordinarias acordadas hasta abril de este año, pero además del factor salarial el nuevo cálculo de costos también contempla la actualización integral de todas las variables que afectan al transporte automotor de pasajeros:
Al mismo tiempo, la Resolución incorporó una ponderación específica para las unidades propulsadas a gas natural comprimido (GNC) y energía eléctrica, tras un relevamiento realizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
La actualización se conoció luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJN) revocara una medida cautelar que desde fines de 2021 impedía al Poder Ejecutivo modificar determinados criterios de distribución de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA. De manera unánime, el máximo tribunal hizo lugar a un recurso presentado por el Estado nacional y dejó sin efecto una resolución que había sido otorgada en primera instancia y confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La causa se originó a partir de una acción declarativa de certeza impulsada por varias empresas del sector, entre ellas Pilarbus S.A., Compañía La Isleña S.R.L., La Nueva Metropol S.A.T.A.C.I., Expreso General Sarmiento S.A., Empresa General San Martín S.A.T. y Compañía de Transporte Vecinal S.A.T., entre otras.
Las compañías habían planteado que la estructura de costos del sistema se encontraba desactualizada y que el esquema de compensaciones debía garantizar el equilibrio económico financiero de los contratos de transporte.
En su análisis, la Corte coincidió con el dictamen de la procuradora fiscal Laura Monti, quien sostuvo que las empresas no habían acreditado adecuadamente el peligro en la demora necesario para mantener la cautelar. Además, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, señaló que el impacto de los cambios en la distribución de subsidios requiere pruebas más contundentes y remarcó que no corresponde al Poder Judicial definir la política regulatoria del sistema.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó sin efecto la cautelar y el expediente continuará su trámite en el tribunal de origen, donde deberá resolverse si el esquema de costos y compensaciones del transporte público se encuentra efectivamente desactualizado, tal como sostienen las empresas.