Según Conadu, los salarios de docentes universitarios perdieron un 34% frente a la inflación desde 2023. El gremio lanzó un paro nacional y un plan de lucha.
Los salarios de los docentes universitarios registraron una fuerte caída en términos reales desde la asunción de Javier Milei como presidente. Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), los ingresos perdieron un 34% frente a la inflación, en medio de un nuevo paro nacional que comenzó este lunes.
La medida de fuerza fue definida por Conadu como parte de un plan de lucha para todo el semestre. El paro se extenderá desde este lunes hasta el domingo 22 inclusive y forma parte de una serie de acciones para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir que el gobierno nacional convoque de manera "urgente" a paritarias. A esta medida también se sumarán los nodocentes que realizarán un paro de 24 horas este martes.
Docentes universitarios iniciaron un paro de una semana en la UNLP, que afectará el dictado de clases y suma reclamos por mayor financiamiento.
La comunidad universitaria de la UNLP convocó a una marcha de antorchas en La Plata para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
Además de esta primera semana de protesta, el gremio anunció nuevas medidas de fuerza para las semanas del 20 de marzo y del 27 de abril. También está prevista una marcha federal universitaria para el 23 de abril.
De acuerdo con los datos difundidos por el sindicato, un docente universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró en enero un sueldo bruto de $305.604. Si se compara con los ingresos de noviembre de 2023 -el último mes antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada-, el salario perdió un 34% de su poder adquisitivo.
El deterioro también se observa en la comparación interanual. Siempre según los números de Conadu, los salarios docentes registraron una caída del 12,9% en términos reales frente a enero de 2025.
En ese contexto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró la emergencia salarial para docentes y no docentes de la institución. La medida también alcanza a profesionales de la salud y a quienes desarrollan tareas vinculadas con la investigación y la extensión universitaria.
Desde la universidad señalaron además que el presupuesto nacional proyectado para 2026 no contempla lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario vigente ni prevé la actualización correspondiente para los gastos de funcionamiento.
Un análisis realizado a partir de los datos de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía muestra que, aunque el presupuesto de Educación Superior creció en términos nominales, se redujo en valores reales. Mientras en 2023 fue de $1.380.407 millones, en 2025 ascendió a $4.456.303 millones y se proyecta en $4.872.017 millones para 2026.
Sin embargo, al considerar el impacto de la inflación, el financiamiento universitario tuvo una caída del 28,9% entre 2023 y 2025. Si se toma el presupuesto previsto para 2026, la baja alcanza el 34,3% respecto de 2023.
En paralelo, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente que propone aumentos salariales escalonados del 4,1% en tres tramos. La iniciativa elimina la recomposición de 2023-2024 y también quita la garantía de actualización automática de los salarios según la inflación del INDEC.
La discusión sobre el financiamiento universitario ya tuvo varios capítulos durante la actual gestión. En 2024 el Congreso aprobó una ley impulsada por la oposición que fue vetada por Milei. En 2025 se sancionó una nueva norma y el veto presidencial fue revertido por el propio Congreso.
Actualmente esa ley se encuentra vigente, aunque según denunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no se está cumpliendo. Por ese motivo, más de 40 universidades públicas presentaron una acción de amparo ante la Justicia.
En diciembre de 2025 el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que suspendió el decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley pero frenaba su aplicación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento, al considerar que existía una "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".