Gremios que representan a trabajadores de distintos sectores y poderes del Estado, así como de empresas públicas, conformaron un frente sindical y anunciaron que el próximo lunes realizarán una jornada nacional de lucha en todo el país en "defensa del Estado y del empleo público" y en rechazo a las medidas de ajuste que afectan al sector y fueron anunciadas por el presidente Javier Milei.
La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa que fue encabezada por los secretarios Generales de más de una quincena de organizaciones que conforman el Frente, entre ellos, Rodolfo Aguiar (ATE Nacional), Francisca Staiti (Conadu Histórica) y Matías Fachal (Federación Judicial Argentina).
La jornada nacional de lucha tendrá como epicentro una concentración desde las 11 frente al Centro Cultural Kirchner (CCK), ubicado en Sarmiento 151 de la ciudad de Buenos Aires.
"Constituido este Frente de gremios estatales hemos decidido llevar adelante una jornada nacional de lucha en defensa del Estado y del empleo público el lunes 15 de enero y, desde ya, adherimos al paro general con movilización el 24 como respuesta a los ataques antidemocráticos del Gobierno contra el pueblo argentino y, en particular, contra los trabajadores de empresas públicas", anunció Fachal.
El dirigente explicó que la conformación y robustecimiento del Frente surgió ante "la preocupación común generada por el plan de gobierno del presidente Javier Milei" y refirió que la misma "se fue acrecentando con el anuncio de las medidas económicas, el protocolo antiprotestas y más aún con el mega DNU y la ley ómnibus que afectan inconstitucionalmente múltiples derechos de todos los argentinos".
En tanto, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, explicó que "a través de la unidad de este Frente queremos poner de manifiesto no sólo que rechazamos los despidos, la cesantía sin causa justificada, sino fundamentalmente que empezamos a hablar de aquello que el Gobierno no quiere, que es la licuación de nuestros salarios". Y evaluó que "el Gobierno despide del Estado por varias vías, por carta documento pero también por una rebaja salarial constante que es la que está aplicando con sus medidas, con un 25,5% de inflación sólo en el mes de diciembre o con su intento de eliminar las horas extras".
El dirigente nacional de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), Guillermo Muñiz, habló de la preocupación en el sector "por la afectación de la salud pública y del tratamiento de miles de pacientes en tratamiento con la entrada en vigencia del DNU y lo que se propone en la Ley ómnibus".
"No hay garantías de aparatología e instrumentación, estamos con una merma de profesionales en todas las áreas porque se han suspendido concursos y nombramientos que estaban pendientes y también nos alarma cómo se quiere afectar la fabricación pública de medicamentos que es fundamental para contrarrestar lo que está pasando con los precios que han aumentado de manera escandalosa en el último tiempo", argumentó Muñiz.
En este mismo sentido pero en el ámbito de la educación, la secretaria General de la Conadu Histórica, Francisca Staiti, alertó sobre la situación que enfrentan las universidades ante el congelamiento del presupuesto que señaló "atenta gravemente las posibilidades de poder llevar a cabo un normal funcionamiento en los distintos establecimientos universitarios".
"La universidad como centro de conocimiento e intelectualidad, la cual debe ser un espacio de encuentro, discusión y de formación de profesionales al servicio de nuestro país, se pone en riesgo con estas medidas de gobierno en tanto se busca alejarla de esos objetivos y mercantilizarla como se hizo en las épocas del menemismo", señaló Staiti durante la conferencia.
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