Van desde AySA hasta ENARSA, pasando por Belgrano Cargas y otras más. Este lunes se reglamentó la primera parte de la norma en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional publicó durante la madrugada de este lunes la reglamentación de parte de la reforma del Estado, basada en la denominada Ley Bases. Uno de los puntos clave es la parte de las privatizaciones de las empresas públicas.
El texto se divide en cuatro capítulos: Reorganización Administrativa; Privatización; Procedimientos Administrativos; y Empleo Público, que tendrá una instancia de evaluación.
A horas del Día de la Independencia y tras semanas de debate y negociaciones, el gobierno de Javier Milei promulgó la Ley Bases y el Paquete Fiscal.
Es la que contempla las modificaciones en el sistema de empleo estatal, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.
En esta primera etapa, el Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.
Dentro de esta legislación, uno de los apartados destacados es el dedicado a las privatizaciones de empresas públicas, entre las que se encuentran las siguientes ocho compañías:
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo luego que "estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados".
En cuanto al procedimiento y las normativas, el texto publicado en el Boletín Oficial detalla que el proceso de privatización se inicia con un informe detallado que el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación, en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar, deberá presentar al Poder Ejecutivo Nacional. Este reporte deberá debe incluir el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; el procedimiento de selección y los plazos estimados para cada etapa; y la posible propuesta para otorgar preferencias y, si corresponde, un Programa de Propiedad Participada con detalle de los sujetos adquirentes y proporción de capital accionario.