Es la que contempla las modificaciones en el sistema de empleo estatal, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.
A casi un mes de la promulgación de la Ley Bases, el Gobierno de Javier Milei reglamentó la primera parte de la legislación, que es la que contempla las modificaciones en el sistema de empleo estatal, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.
La reglamentación se hizo efectiva a través del decreto 695/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial. De esta manera, acelera la implementación de la normativa, que fue el resultado de un largo proceso en el Congreso, que incluyó un primer intento fallido en Diputados durante las sesiones extraordinarias y una última ofensiva que se coronó después de una negociación política que encabezó Guillermo Francos, ya como jefe de Gabinete.
A horas del Día de la Independencia y tras semanas de debate y negociaciones, el gobierno de Javier Milei promulgó la Ley Bases y el Paquete Fiscal.
El decreto incluye la reglamentación del Título II, relacionado con la reforma del Estado y los cambios en los procedimientos administrativos, como así también los vinculados a la privatización de empresas públicas y la flexibilización de las condiciones del empleo estatal. Así, se establecieron las precisiones de la implementación de cerca de 60 artículos de la ley.
En cuanto a las privatizaciones, se instrumentó el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas: Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Con respecto a los cambios en la estructura del empleo público, el Gobierno reglamentó las bases para poner en marcha un nuevo sistema de ingreso al Estado y avanzar con las desvinculaciones, despidos y reubicación del personal estatal.
Uno de los principales puntos que establece el decreto es que, de ahora en más, para trabajar en el Estado se deberá aprobar una “Evaluación General de conocimientos y competencias, diseñada y reglamentada a tal efecto por la Autoridad de Aplicación, la que será anónima”. La persona será identificada una vez que sea calificada.
En un anexo del decreto, se hacen efectivos varios cambios y modificaciones en los procesos administrativos de los organismos del Estado a fin de agilizar los tiempos de la gestión. “Los trámites en el marco de recursos, reclamos y demás impugnaciones previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos y en el presente reglamento son gratuitos, con exclusión de aquellos en los que, por normativa específica, se exija el pago de una tasa o suma de dinero por el desarrollo y organización de esa actividad estatal específica y concreta”, garantiza la normativa.
Con este decreto, el oficialismo solo estableció la reglamentación de la primera parte de la denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, por lo que aún falta ultimar los detalles para la implementación de los demás títulos de la legislación, dentro de los que se encuentra el RIGI -uno de los puntos que más conflictos generó en ambas cámaras y trabó las negociaciones-.