La Superintendencia de Seguros de la Nación detectó irregularidades contables y reservas insuficientes en La Nueva Seguros y resolvió medidas cautelares.
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) le prohibió a La Nueva Seguros celebrar nuevos contratos y administrar sus inmuebles y vínculos de reaseguro. La decisión fue adoptada luego de detectar irregularidades contables y un nivel de reservas técnicas inferior al exigido por la normativa.
El caso se inició tras la presentación de los estados contables al 31 de marzo de 2025, que reflejaban una "situación financiera transitoria" e incapacidad de ordenar pagos. Además, se notificó un embargo de más de $300 millones y registraron reclamos de otros acreedores, lo que provocó una caída en la liquidez.
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La SSN resolvió una inhibición general de bienes el 19 de mayo de 2025, medida que fue ratificada el 28 de mayo ante la persistencia del cuadro. Paralelamente, la aseguradora no presentó información básica solicitada durante la inspección, como libros contables, planillas de siniestros y documentación sobre juicios en curso.
Durante la inspección, la aseguradora no presentó documentación básica requerida. Entre las omisiones se encuentran libros contables, planillas de siniestros, información sobre juicios, pagos realizados y detalles del balance. También faltaron autorizaciones para levantar el secreto bancario.
Además, el informe destacó irregularidades en la administración. Se identificaron sentencias impagas, subestimación de reservas, pasivos judiciales sin respaldo, deudas fiscales sin comprobantes y embargos en curso, lo que agravó el cuadro patrimonial de la firma.
Por estos motivos, la SSN declaró que no podía verificar con precisión la posición técnica de la aseguradora. Además, se encontró una diferencia entre la deuda informada con reaseguradores y los montos solicitados para levantar restricciones sobre inversiones.
Un informe interno de la SSN calculó que La Nueva necesitaba un ajuste del 93% en sus reservas para cumplir con los mínimos legales. Eso implicaba elevar sus pasivos en más de 4.470 millones de pesos, impactando negativamente en su solvencia financiera.
El organismo consideró que la falta de información, sumada a las irregularidades detectadas, encuadraban dentro del artículo 86 inciso f) de la Ley 20.091. Por eso, se adoptaron medidas cautelares para proteger a los asegurados frente a posibles riesgos operativos.
Además, la resolución fue acompañada por instrucciones a otras gerencias del organismo para registrar el corte de emisión de pólizas y avanzar con trámites necesarios. La empresa fue notificada de que la medida puede ser apelada a través de la Plataforma TAD.