El 9 de Julio puede ser una buena excusa para volvernos a preguntar qué significa ser un país libre. Casi siempre la respuesta se piensa en términos económicos o geopolíticos: quién decide nuestra política exterior, quién maneja los recursos, quién negocia la deuda. Y claro que son puntos más que importantes, pero hay una dimensión de la soberanía que se discute mucho menos y que nos atraviesa a todos y todas por igual: la soberanía sanitaria. Porque un país no es del todo dueño de su destino si no puede garantizar salud a su gente.
La salud es mucho más que no enfermarse
Durante mucho tiempo pensamos la salud como la ausencia de enfermedad: si no tenés fiebre, si el análisis dio bien, estás sano. Pero esa mirada quedó limitada hace rato. La salud es un estado de bienestar integral, y ese bienestar depende de un montón de factores ambientales y contextuales: el barrio en el que vivís, si tu casa tiene agua potable, si tu trabajo es estable o te obliga a elegir entre hacer los controles médicos o llegar a fin de mes.
Por eso la salud colectiva es, de alguna manera, un termómetro de cómo estamos como sociedad. No alcanza con tener hospitales: hace falta que el trabajo sea digno y registrado, que haya obras de infraestructura básica como cloacas y agua corriente, que la educación sea de calidad y que las viviendas sean dignas. Todo eso es política sanitaria, aunque no se discuta en el Ministerio de Salud.
El Estado como garante
El rol del Estado, que no es un actor más entre otros, es ser garante del cumplimiento de estos derechos. La salud no puede depender de que el mercado decida que resulta rentable atenderte, ni de la buena voluntad de terceros. Es una obligación indelegable: cuando el Estado se corre, alguien pierde acceso.
Y ese "garantizar" tiene bases bien concretas, no es solo una declaración de principios:
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Organización y financiamiento propios: que el sistema de salud pueda sostenerse con recursos y decisiones nacionales, sin quedar rehén de la coyuntura externa.
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Investigación y producción nacional: desarrollar medicamentos, vacunas y tecnología sanitaria acá, pensados para los problemas de salud que tenemos en nuestro país, atendiendo la diversidad regional.
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Formación de los equipos de salud: con una mirada arraigada en las necesidades reales del pueblo, no en modelos importados que no siempre aplican a nuestro contexto.
La soberanía sanitaria se ejerce cuando el Estado garantiza salud, inclusión y acceso igualitario para toda la población
Equidad de verdad: que nadie quede afuera
Un sistema sanitario soberano también tiene que ser un sistema que no discrimine. Eso significa que sea físicamente accesible y económicamente asequible para todos, que respete la diversidad de género, que reconozca las particularidades de los pueblos originarios, y que trate la discapacidad como una cuestión de derechos y no como un gasto a recortar.
Y ahí es donde la teoría se pone a prueba. Hoy, por ejemplo, el sector de la discapacidad en Argentina atraviesa una crisis que expone justamente esa tensión: familias, profesionales de la inclusión y personas con discapacidad reclaman porque no pueden acceder a terapias y tratamientos esenciales. Los obstáculos en el transporte, las demoras en organismos como el PAMI, y una Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) aprobada en el Congreso pero que no se cumple, son la prueba de que garantizar derechos no es un gesto simbólico: requiere decisión política.
Cuando eso no pasa, lejos de ser un detalle de gestión, es la soberanía sanitaria fallándole a una parte de la población. Cuando eso no pasa, lejos de ser un detalle de gestión, es la soberanía sanitaria fallándole a una parte de la población.
Una obligación
Vale remarcarlo: la soberanía sanitaria no es un horizonte al que aspirar en algún futuro mejor. Es una obligación del Estado, incluso -y sobre todo- en contextos económicos difíciles. Los niveles mínimos de bienestar no son negociables según cómo venga la macro.
Pensar la salud en estos términos es preguntarnos qué país estamos construyendo cuando un derecho se sostiene con decisiones y presupuesto, y qué país queda cuando esas decisiones se toman en contra. La soberanía sanitaria no se declara: se ejerce o se recorta, y esa definición nunca es neutral.
