La jueza que liberó a los detenidos durante la represión en el Congreso defendió su decisión y criticó la falta de pruebas presentadas por el Gobierno.
La jueza Karina Andrade, a cargo del fuero penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), defendió su decisión de liberar a los 114 detenidos tras los incidentes en el Congreso durante la movilización en apoyo a los jubilados. Sostuvo que su resolución estuvo basada en la protección de derechos constitucionales y criticó la falta de pruebas presentadas por la Fiscalía y la Policía.
Andrade explicó que, al momento de decidir sobre las detenciones, solo correspondía verificar si existían pedidos de captura vigentes y no analizar antecedentes penales. "No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse", afirmó en diálogo con María O'Donnell en Urbana Play.
El episodio ocurrió el martes en Plaza de Mayo. Los chicos cruzaron por casualidad por la marcha de los jubilados y fueron detenidos por la Policía Federal.
Los legisladores de La Plata se cruzaron fuertemente por la represión desplegada durante la marcha de jubilados y subieron la tensión en la primera sesión del año.
La jueza apuntó contra la Policía por no haber brindado información precisa sobre los arrestos y señaló que la Fiscalía tampoco aportó pruebas ni solicitó medidas en el marco de la causa, que se rige bajo el sistema acusatorio. Según Andrade, esto la obligó a resolver en base a los elementos disponibles.
"En el momento del control de la detención, lo que importa es el pedido de captura. Yo no estaba siendo informada de nada", indicó. Asimismo, subrayó que su función era garantizar el respeto por los derechos constitucionales y que su fallo estuvo fundamentado en la protección del derecho a la protesta.
Por otro lado, aclaró que aquellos manifestantes que portaban armas no fueron excarcelados, ya que esa situación quedó bajo una investigación aparte. "Quizá si lo sabía antes, hubiera pedido más elementos", reconoció.
La decisión de Andrade generó un fuerte rechazo por parte del Gobierno nacional. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que más de la mitad de los detenidos tenía antecedentes penales graves, mientras que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lamentó la rápida liberación de los manifestantes.
"Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza. Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada", sostuvo Francos.
En este contexto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de CABA contra Andrade, por un posible incumplimiento de funciones.
En respuesta a las críticas, la jueza rechazó las acusaciones que la vinculan con el kirchnerismo y defendió su trayectoria. "Cualquiera puede ver mi audiencia pública. Expliqué mi trayectoria, de dónde vengo. Soy una persona técnica, más allá de los lugares en los que me ha tocado estar", afirmó y, en ese sentido, subrayó que, ante un reclamo encabezado por sectores vulnerables como los jubilados, el Poder Judicial debía poner especial atención en la protección de derechos fundamentales.