El Tribunal del Mar analizará en noviembre el reclamo de Argentina para frenar la explotación petrolera británico-israelí en las Islas Malvinas.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, dependiente de Naciones Unidas, fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias por el reclamo presentado por el gobierno de Javier Milei contra la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Argentina busca frenar el proyecto británico-israelí Sea Lion, mientras Reino Unido defiende su continuidad.
Las audiencias se realizarán en la sede del organismo en Hamburgo, Alemania, donde los representantes de ambos países expondrán sus argumentos. El tribunal, integrado por 21 jueces, confirmó que las sesiones serán abiertas al público y podrán seguirse en vivo a través de su página web.
Ante la Asamblea General de la ONU, Javier Milei cuestionó al organismo, reclamó por Malvinas y reafirmó su alianza con Estados Unidos e Israel.
Londres respondió al pedido de Javier Milei en las Naciones Unidas y cuestionó las sanciones contra empresas que explotan hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La presentación argentina apunta a las actividades de las empresas Rockhopper, de capitales británicos, y Navitas, de origen israelí, responsables del proyecto Sea Lion en aguas cercanas a las islas. El Gobierno solicita medidas provisionales para suspender los trabajos mientras se analiza la controversia, sin que el procedimiento implique resolver la disputa de soberanía.
La presentación fue impulsada por el diplomático Mario Oyarzábal, director de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, luego de que venciera el plazo de dos semanas que Argentina había otorgado al Reino Unido para detener las actividades petroleras. El planteo se realizó bajo el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, sostienen que el país tiene derecho a recurrir a una instancia judicial independiente para solicitar medidas que protejan los recursos naturales del Atlántico Sur. La estrategia apunta a que el tribunal se pronuncie sobre la explotación de hidrocarburos sin ingresar en la discusión sobre la soberanía de las islas.
Por su parte, el gobierno británico rechaza el planteo argentino y asegura que las actividades petroleras están reguladas por la legislación vigente en Malvinas y cumplen con el derecho internacional. Y sostiene, además, que el desarrollo económico de las islas responde al derecho a la autodeterminación de sus habitantes.
En paralelo al conflicto judicial, el Reino Unido envió una comunicación a Interpol para solicitar que se rechacen eventuales pedidos argentinos de detención contra personas vinculadas al proyecto Sea Lion. Según informó el diario británico The Guardian, Londres considera que esas posibles solicitudes podrían tener motivaciones políticas.
Desde la Cancillería argentina rechazaron esa interpretación y negaron haber solicitado la detención de los ejecutivos de las compañías involucradas. Fuentes oficiales también cuestionaron la estrategia británica de presentar el reclamo como una amenaza contra las empresas que operan en las islas.
El avance de la controversia genera, además, algunas advertencias dentro del ámbito diplomático. Especialistas consultados por La Nación señalaron que un eventual pronunciamiento del tribunal sobre la autodeterminación de los habitantes de Malvinas podría tener consecuencias para la posición argentina en la disputa de soberanía.
Aunque el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dio curso rápidamente a la solicitud, las audiencias de noviembre representan apenas una primera instancia. La resolución definitiva del proceso podría demorar varios meses, en medio de una nueva escalada diplomática entre Argentina y Reino Unido por los recursos naturales del Atlántico Sur.
