La ausencia de representantes del PRO y La Libertad Avanza hizo caer el debate de la iniciativa que busca impedir las candidaturas de dirigentes condenados.
Por falta de quórum, la Cámara de Diputados no pudo sesionar para tratar el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los dirigentes condenados por ser candidatos a cargos electivos. El PRO, La Libertad Avanza y el radicalismo de Rodrigo De Loredo no lograron reunir la cantidad necesaria de legisladores para dar inicio a la sesión.
El debate reunió 128 legisladores, uno menos de lo requerido para tratar la iniciativa. El tratamiento del proyecto había sido promovido en un contexto marcado por la confirmación de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad por parte de la Cámara de Casación.
En este marco, la decisión del Gobierno de posponer la discusión del Presupuesto 2025 generó indignación en la oposición, que considera que esta debería ser la principal prioridad del Congreso, especialmente al borde del cierre del período de sesiones ordinarias.
Más allá de la ausencia de los 99 diputados del bloque de Unión por la Patria y de los 5 del bloque de izquierda, que era previsible, lo llamativo fueron las ausencias de algunos representantes del PRO y de LLA, que fueron quienes impulsaron la sesión y la norma.
Por el PRO se ausentaron los diputados Alejandro Finocchiario, José Nuñez y Anibal Tortoriello. Mientras que por el oficialismo no estuvo Marcela Pagano, quien cursa un embarazo. A su vez, por el bloque de Encuentro Federal, los ausentes fueron Florencio Randazzo, Natalia De la Sota, Jorge Ávila y Alejandra Torres.
El proyecto debe ser aprobado por una mayoría agravada de 129 votos en la cámara baja y 37 en el Senado, con lo cual el oficialismo apunta a lograr su aprobación para que la ex mandataria no pueda ser candidata en 2025. En la actualidad, solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa, que reúne 17 proyectos, propone que la inhabilitación de los políticos comience desde que exista una sentencia condenatoria, aunque no esté firme, siempre que sea confirmada por un órgano judicial superior. Esto incluye delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros. La confirmación judicial sería responsabilidad de la Cámara de Casación.
Por su parte, el peronismo, que no dio quórum, tenía un dictamen de minoría que establece que las condenas sólo quedan firmes cuando la Corte Suprema se expide al respecto. Este dictamen también amplía la lista de ilícitos considerados, incluyendo diferentes delitos económicos.
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