El ministro Federico Sturzenegger redacta el decreto con el que el presidente Javier Milei buscará eliminar depedencias y reducir la planta de empleados.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se encuentra redactando el texto del decreto que busca eliminar unos 60 organismos estatales. Si bien se trabajaba en el proyecto desde marzo, el Gobierno necesitaba las facultades extraordinarias que le dio el Congreso a Javier Milei tras la aprobación de la Ley Bases.
La delegación de atribuciones habilitó al presidente argentino a eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente y puede además ceder organismos a las provincias que los soliciten. Es en ese marco que el el economista de La Plata -junto con el vicejefe de gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal- preparan el respaldo legal para argumentar la disolución de cada área.
"Queremos eliminar alrededor de 60 organismos que regulen áreas que no nos interesa intervenir. La idea es unificar algunos y reducir sus atribuciones", expresó un funcionario en diálogo con el canal de noticias Todo Noticias y adelantó así parte de la propuesta.
Entre las áreas que el Ejecutvo busca disolver, se encuentran el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE).
Por otro lado, los organismos que quedaron fuera de la intervención presidencial son las universidades, las dependencias del Poder Legislativo junto a las del Judicial, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El artículo 52 de la Ley Bases establece el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación y determina que deberán quedar un año con goce de sueldo, a la espera de que ser reubicados, mientras son capacitados para otras tareas o realizan servicios tercerizados del Estado.
Los empleados podrán ser cedidos de Nación a provincias y municipios y se contempla una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mayor remuneración del último año.
El Ejecutivo incluyó un articulado que lo habilita a no pagar indemnizaciones en caso de encontrar irregularidades, como inasistencias injustificadas, el abandono de tareas o el incumplimiento de horario.
A su vez, el gobierno nacional quiere avanzar con la reducción del total de contratados estatales, que ya pasaron de 72.000 a 48.000. Su objetivo es desplazar a todos antes del 2026. Los despidos se ejecutan a través de revisión contractuales trimestrales.
Redes Sociales