El juez federal Sebastián Casanello ordenó este sábado el allanamiento de los galpones del ministerio de Capital Humanoque se ubican en Villa Martelli, donde la cartera tiene almacenadas las cinco toneladas de alimentos para los comedores.
El juez federal Sebastián Casanello pidió allanar los galpones para constatar si está la mercadería y cuándo vence.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó este sábado el allanamiento de los galpones del ministerio de Capital Humanoque se ubican en Villa Martelli, donde la cartera tiene almacenadas las cinco toneladas de alimentos para los comedores.
El magistrado, quien se desempeña en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, dispuso una "orden de presentación con allanamiento en subsidio" en el “Centro Operativo Martelli”, uno de los lugares apuntados donde la cartera que conduce Sandra Pettovello tiene retenidos los alimentos.
El operativo fue consecuencia del pedido de la fiscal Paloma Ochoa, de la Fiscalía Federal N° 10 y busca que el personal policial pueda “constatar lo informado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación en cuanto al tipo de producto, marca, lote y cantidad de alimentos y sus respectivas fechas de ingreso y vencimiento”.
La medida dispuesta por Casanello tiene como objetivo “se pueda identificar, si es que está determinado, el destino” de la mercadería; se aporte la información respecto a toda otra mercadería que se encuentre allí y si existe un “libro de registros o novedades, se aporte para su correcta preservación”. También prevé que “se registre en video y en fotos las instalaciones y el estado actual" de los alimentos almacenados.
En forma simultánea, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán dispuso una medida similar para el galpón de Tafí Viejo, en Tucumán, otra de las ubicaciones en las que la cartera guarda suministros para los comedores.
Luego de que estalló el conflicto, el Gobierno desplazó al secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, en medio de sospechas de contrataciones irregulares, con un esquema de facturas apócrifas y supuestos retornos de los contratados. El funcionario era el encargado del contacto con las organizaciones sociales de base y quedó responsabilizado por la retención de las 5.000 toneladas de alimentos en los dos depósitos que ahora serán allanados.
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