Con 63 votos a favor, el Senado desactivó el veto presidencial y restableció la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente hasta 2026.
El Senado rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei y restituyó la Ley de Emergencia en Discapacidad. La votación alcanzó 63 votos positivos y siete negativos, superando con amplitud los dos tercios necesarios. La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y podrá prorrogarse por un año más.
La sesión no estuvo presidida por Victoria Villarruel, quien está a cargo del Ejecutivo por un viaje al exterior de Milei. En su lugar, condujo el debate el legislador libertario Bartolomé Abdala, titular provisional de la Cámara alta. Se trató de la primera vez en más de 20 años que el Congreso rechazó un veto presidencial.
Desde la Defensoría del Pueblo reclaman que se eviten suspensiones de pensiones no contributivas y se asegure un trámite justo para personas con discapacidad.
Los audios del extitular de la ANDIS dejaron a la empresa Suizo Argentina en medio de un escándalo por sospechas de pago de coimas a funcionarios nacionales.
La iniciativa restituida declara la emergencia en discapacidad, actualiza aranceles de prestaciones y establece cambios en pensiones no contributivas. También incluye compensaciones económicas y medidas vinculadas al acceso de las personas con discapacidad a terapias y servicios de Salud, aspectos que habían sido anulados por el veto del Poder Ejecutivo.
Durante la discusión, el senador peronista Pablo Bensusán cuestionó el accionar del Gobierno: "El Presidente vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima. Vetó un aumento razonable en las prestaciones. Ese rechazo brutal ya está perdiendo credibilidad entre los argentinos".
En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucran a Karina Milei y varios funcionarios del Ejecutivo, los senadores nacionales se presentaron en el recinto para discutir el veto de Javier Milei, y lanzaron duras críticas al accionar del gobierno.
La legisladora porteña Guadalupe Tagliaferri planteó que "la libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad. Hay que eliminar las barreras que existen en salud, infraestructura y educación. Por eso tiene que intervenir el Estado". El debate mostró cruces constantes entre distintos bloques opositores y oficialistas.
El santacruceño José María Carambia advirtió sobre la aplicación de la norma: "Esperemos que el señor Presidente la aplique como corresponde y no haga ningún artilugio legal para no dar solución a tanta gente. Si no cumple, soy el primero en presentar un juicio político". Su intervención fue de las más duras hacia el Gobierno.
El jefe radical Eduardo Vischi consideró que la ley es una herramienta de gestión: "La situación no es novedosa, viene con atrasos de actualización y problemas en los montos para profesionales. Se ha agravado de forma sustancial y provoca la necesidad de que algo que está en terapia intensiva haya que priorizarlo".
La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero manifestó su desacuerdo con la norma, aunque reclamó medidas al Ejecutivo: "Considero que esta ley no hace falta, pero pido al ministro Mario Lugones que aumente los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones que necesitan".