La Confederación General del Trabajo (CGT) continúa marcándole la cancha al Gobierno nacional, cortando el diálogo y aumentando la presión en las calles. La convocatoria a un paro general y la adhesión a distintas movilizaciones han marcado el endurecimiento de su postura y, en este contexto, el Ejecutivo buscará abrir un nuevo canal de negociación.
La central sindical se movilizó este lunes junto a gremios, sectores sociales y políticos en el marco de un nuevo Día de la Memoria. La convocatoria se sumó así las recientes marchas en apoyo a los jubilados, que seguirán realizándose en los próximos días y el 9 de abril tendrá una nueva edición en reclamo de mejoras en los haberes previsionales.
El plan de lucha impulsado por la CGT incluye un paro general el próximo 10 de abril, que además tendrá un fuerte impacto en el transporte y diversas actividades económicas.
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La CGT convocó a un paro nacional para el próximo 10 de abril y el gobierno busca volver al diálogo con los dirigentes de la central obrera.
Los movimientos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ya manifestaron su apoyo a la medida y con ello aumentaron la tensión con el Gobierno.
El Gobierno busca tender puentes
En la Casa Rosada, atribuyen el endurecimiento de la CGT a la presión de distintos sectores y a los disturbios en recientes manifestaciones. A pesar de esta situación, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, intentará reabrir el diálogo con dirigentes sindicales más moderados. Cabe recordar que desde el Gobierno tuvieron varias reuniones con los sindicalistas en el despacho del funcionario.
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Guillermo Francos es el encargado del gobierno en intentar volver a dialogar con los líderes sindicales.
Uno de los pocos gremialistas con vínculo con el Ejecutivo es Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quien ha mediado con sectores internos de la CGT. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido avances concretos. La central sindical sostiene que sus reclamos incluyen la libertad de paritarias, mejoras para jubilados y un rechazo a la represión policial.
Mientras el Gobierno busca frenar la escalada del conflicto, la CGT y la UTEP continúan organizando medidas de fuerza, con un escenario gremial cada vez más convulsionado.