El Gobierno argentino oficializó este martes la baja de unos 7 mil empleados estatales a través del Decreto N° 84/2023, que lleva la firma del presidente Javier Milei. Tal como anticipó el mandatario en su campaña electoral, se decidió no renovar los contratos de aquellos que ingresaron este año a la planta del Estado.
La iniciativa publicada en el Boletín Oficial dejó finalmente establecido el alcance de la decisión y el número de empleados públicos que perderán sus trabajos. Se trata de todos los trabajadores que ingresaron al Estado desde el 1° de enero de 2023. "Las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas", dice el artículo 1° del decreto publicado esta madrugada.
Si bien no quedó establecido en el boletín, se estima que cerca de siete mil empleados de distintas áreas del Gobierno serían afectados, entre ellos estarán los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) o la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Cabe destacar que quedan excluidos aquellos que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales.
Además, la normativa establece que los contratos cuya fecha de ingreso sea previa al 1° de enero de este año, no podrán ser renovados por un periodo mayor a los noventa días corridos. En ese sentido, el artículo 4° establece: "Instrúyese a las autoridades competentes de cada jurisdicción mencionada en el artículo 1° a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente".
La decisión del Gobierno fue tomada en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°8 firmado el 10 de diciembre. En aquella jornada también se modificó la Ley de Ministerios, que cambió el organigrama estatal de 18 a 9 carteras con la finalidad de achicar el Estado.
Se espera que en las próximas horas el oficialismo envíe al Congreso el paquete con más de 300 decretos para avanzar con la desregulación de la economía. Cabe remarcar que, por no poder estar incluidas en el DNU, se agregará la discusión de temas tributarios y electorales.