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El Gobierno nacional dio marcha atrás con los recortes en Vialidad, el INTA y otros organismos

Con los Decretos 627/2025 y 628/2025, el Gobierno dejó sin efecto fusiones y eliminaciones de organismos públicos, luego del rechazo del Congreso.

El Gobierno oficializó la anulación de cierres y fusiones de organismos públicos que habían sido cuestionados por el Congreso, a través de los Decretos 627/2025 y 628/2025 publicados en el Boletín Oficial. La medida restituye el funcionamiento de instituciones que habían sido eliminadas o modificadas en meses anteriores.

El Decreto 627/2025 estableció la vuelta atrás de disposiciones previas, como la fusión del Instituto Nacional Yrigoyenano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Todas esas reformas quedaron sin efecto.

También se dejó sin efecto la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad. Además, se restituyó la existencia de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que había sido eliminada meses atrás.

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Vialidad Nacional, uno de los organismos cuya disolución se deja sin efecto por el decreto del Gobierno.

Organismos restituidos por los decretos

El Gobierno también dispuso devolver los objetivos originales al Teatro Nacional Cervantes, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. A su vez, se reestablecieron las facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y las obligaciones de la Secretaría de Hacienda.

El Decreto 628/2025 anuló los cambios del Decreto 340/2025 sobre la Marina Mercante Nacional, que había declarado esencial el transporte marítimo y fluvial de pasajeros y cargas. Hasta la normalización de las estructuras, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía se encargarán de las funciones administrativas y jurídicas.

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