El gobierno de Javier Milei negocia para realizar una profunda reforma laboral. Entre los cambios, reaparecen los Ticket Canasta, populares en los ‘90 y ‘00.
La decisión del gobierno de Javier Milei de incluir nuevamente los Ticket Canasta en la reforma laboral reavivó un viejo debate en el mundo del trabajo. Estos vales, que fueron comunes en los años ‘90 y primeros 2000, permitían a las empresas pagar parte del salario en bonos alimentarios o de restaurante que no se computaban como remuneración.
Eso significaba que no generaban aportes jubilatorios, no contaban para el aguinaldo ni para el cálculo de la indemnización por despido. Además, los trabajadores dejaban de percibirlos durante licencias por enfermedad, vacaciones o accidentes laborales, reduciendo sus ingresos reales.
El proyecto que ingresará al Congreso en diciembre propone que este tipo de pagos vuelvan a estar habilitados dentro de los “beneficios sociales no remunerativos” contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo (artículo 103 bis). La medida es defendida por el oficialismo como una herramienta de “flexibilización”, pero es criticada por sindicatos y especialistas en derecho laboral.
Los Ticket Canasta, Restaurant o Luncheon se popularizaron en los años ‘90 como parte de los convenios laborales, en un contexto de alta inflación y reformas estructurales. Su objetivo, en teoría, era proteger parte del salario frente a la pérdida del poder adquisitivo. En la práctica, se convirtieron en una vía para reducir cargas patronales y el costo laboral.
El esquema fue formalizado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo en 1989, durante los primeros intentos de estabilización. Los vales no tenían descuentos previsionales y solo implicaban un aporte patronal del 14% a las asignaciones familiares. Al promediar 2005, unos 1,5 millones de trabajadores (el 15% del total de registrados) recibían parte de su sueldo en tickets, equivalentes al 13% de la remuneración total.
Las consecuencias fueron significativas: según el Centro de Estudios para la Nueva Economía (CENDA), el Estado, las obras sociales y los sindicatos perdieron 21.000 millones de dólares en recursos previsionales y de seguridad social durante la vigencia del sistema.
El sistema también dio lugar a un mercado paralelo multimillonario. Las empresas emisoras de vales, como Accor, Sodexho y Ticket Total, concentraban el negocio de emisión, venta y canje de los tickets.
Accor, líder del sector, tenía tres fuentes de ingresos: cobraba un adicional de entre 2% y 6% a las empresas que compraban los tickets; retenía entre 1,5% y 6% a los comercios que los recibían como medio de pago; y colocaba temporalmente el dinero recaudado en el mercado financiero antes de devolverlo, generando ganancias adicionales.
Según estimaciones de la cámara empresaria del sector, las utilidades anuales por la venta y recompra de los tickets alcanzaban entre 140 y 395 millones de pesos hacia 2007, cuando el dólar rondaba los 3,15 pesos. En aquel momento, Sodexho (bajo la marca Luncheon Tickets) se quedó con su competidor Ticket Total, y junto con Servicios Tickets (Accor) controlaba casi la mitad del mercado argentino.
El sistema fue finalmente derogado en 2007 por impulso del entonces diputado y abogado laboralista Héctor Recalde, quien denunció intentos de soborno por parte de representantes del sector para frenar la votación. Desde entonces, los vales dejaron de tener validez como forma de pago salarial.
A casi dos décadas de su eliminación, la posibilidad de que los Ticket Canasta regresen genera un fuerte rechazo. Según una encuesta de la consultora Zubán Córdoba, el 81,3% de los argentinos se opone a su reimplantación, mientras que solo el 13,3% lo apoya.
Más allá del nombre que adopte el sistema, su retorno implicaría reinstaurar una forma de pago que en el pasado se presentó como “antídoto contra la inflación”, pero que terminó debilitando el salario real y los aportes previsionales. La discusión, ahora, vuelve al Congreso en medio del debate por la reforma laboral más ambiciosa de las últimas décadas.
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