La Superintendencia de Servicios de Salud excluyó a 18 prepagas tras detectar falta de actividad, afiliados y documentación.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio de baja a 18 entidades de medicina prepaga y mutuales del registro oficial. La medida se tomó tras auditorías que detectaron incumplimientos, falta de afiliados activos y ausencia de actividad real. Además, una obra social fue declarada en situación de crisis.
La decisión forma parte del proceso de auditoría y depuración del sistema de salud privado que lleva adelante el Gobierno nacional. Según explicó la SSS, el objetivo es que el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) esté integrado únicamente por organizaciones que cumplan con los requisitos legales y desarrollen actividades efectivas.
El organismo indicó que las entidades alcanzadas por las bajas no contaban con beneficiarios activos al momento de las inspecciones y, por lo tanto, la medida no afecta a usuarios que actualmente tengan cobertura a través de ellas. En total, desde el comienzo del proceso de saneamiento ya fueron dadas de baja más de 180 entidades.
La última resolución de la SSS alcanzó a empresas, mutuales y cooperativas de distintas jurisdicciones. En varios casos se trataba de entidades que permanecían inscriptas bajo registros provisorios y que no habían presentado la documentación requerida para avanzar hacia una inscripción definitiva.
La lista incluye a Plan Odontológico Integral S.A., Cámara de Tabaco de Misiones, Armiento S.A., Instituto Materno Infantil S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Asociación Mutual Intercooperativa, AMI S.R.L., Huinca Salud S.A. y Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda.
También fueron excluidas Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, EMPY S.R.L., Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Timely Medical, Premedikal S.R.L., Emergencia S.R.L., Seres S.R.L., Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL) y Cardio S.A.
Antes de concretar las bajas, la Superintendencia realizó notificaciones e intimaciones para que las entidades pudieran regularizar su situación. La falta de respuestas satisfactorias o de cumplimiento de las condiciones exigidas derivó en la exclusión definitiva.
Según la SSS, las auditorías detectaron que algunas organizaciones no desarrollaban actividades comprendidas por la Ley N° 26.682, mientras que otras no tenían afiliados activos o no podían acreditar la documentación necesaria para continuar dentro del registro.
Las resoluciones fueron publicadas mediante edictos en el Boletín Oficial, con el objetivo de comunicar el inicio y la conclusión de los procedimientos administrativos. La Superintendencia sostuvo que la depuración busca mejorar la transparencia del padrón y garantizar reglas claras para los agentes que efectivamente prestan servicios.
Además de las 18 bajas, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3). La decisión se fundamentó en incumplimientos que superaron los parámetros de criticidad establecidos por el Decreto N° 1400/2001. El organismo detectó irregularidades en aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención a los beneficiarios.
También fueron observados indicadores vinculados con la situación económico-financiera y la capacidad de repago de la entidad. A partir de la declaración de crisis, la obra social deberá presentar un plan de contingencia con medidas concretas para regularizar su situación.
Las áreas técnicas del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis serán las encargadas de monitorear el cumplimiento de ese programa y controlar la evolución de las medidas comprometidas.
El proceso de depuración se inició durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, cuando los relevamientos oficiales detectaron entidades inscriptas que no tenían estructura operativa, afiliados ni la documentación básica exigida por la normativa.
De esta manera, la Superintendencia continúa con el reordenamiento del sistema de salud privado y sostiene que las bajas apuntan a eliminar del registro a entidades sin actividad real y fortalecer los mecanismos de control sobre los prestadores que permanecen habilitados.
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