Sandra Pettovello y Alejandro Álvarez señalaron que la Marcha Federal Universitaria tiene fines políticos y defendieron las auditorías.
El Gobierno nacional definió como "claramente política" a la Marcha Federal Universitaria que se realizará este martes en Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La postura fue expresada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Los funcionarios vincularon la convocatoria con sectores opositores y cuestionaron la participación de dirigentes políticos y sindicales. "Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política", sostuvo Álvarez.
El funcionario también apuntó contra la presencia de referentes políticos y gremiales en la movilización. "Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitás que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes? No, en las convocatorias te das cuenta de que es claramente política", agregó.
Pettovello, por su parte, aseguró que el Ejecutivo no busca avanzar contra la universidad pública y remarcó la necesidad de controlar el destino de los fondos estatales.
"Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales", afirmó la ministra. En ese marco, el Gobierno ratificó que continuará con las auditorías sobre las casas de estudio y sostuvo que el objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos destinados al sistema universitario.
El eje central del reclamo universitario es la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el año pasado. La norma contempla, entre otros puntos, una actualización salarial acorde a la inflación de 2024 y 2025.
En la Casa Rosada sostienen que la iniciativa no establece de dónde saldrían los recursos y que por eso incumple la Ley de Administración Financiera. Las universidades rechazaron esa interpretación, presentaron un amparo judicial y esperan una definición de la Corte Suprema luego de dos fallos favorables. Álvarez afirmó que el Gobierno solo cumplirá con la Ley de Presupuesto y consideró que la norma de financiamiento quedó abstracta tras la sanción presupuestaria. Según el Ejecutivo, el costo de la iniciativa asciende a $1,2 billones.
El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, advirtió en tanto que las transferencias del Gobierno a las universidades registraron una caída del 45,6% desde fines de 2023. "Estamos a la mitad de nuestras capacidades", aseguró el rector, quien también pidió una mesa de diálogo con gremios, autoridades y la comunidad universitaria.
Por su parte, el vicerrector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, cuestionó la postura oficial y recordó que el Gobierno intentó derogar la ley durante el debate del Presupuesto. "Si ellos creen que es abstracta, ¿por qué en el Presupuesto plantearon un capítulo para derogar la Ley de Financiamiento universitario? Y así todo, no consiguieron los votos", señaló.
El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que las transferencias del Gobierno a las universidades registraron una caída del 45,6% desde fines de 2023
En paralelo, continúa otra disputa entre el Ejecutivo y las universidades por los fondos destinados a hospitales universitarios. Tras un cruce con la UBA, Álvarez adelantó que después de la marcha convocarán a los rectores para discutir la distribución de más de $79 mil millones reclamados por las instituciones.
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