El aumento corresponde al mes de agosto y toma como referencia la inflación de julio. También mantiene un adicional del 20% para los servicios en la Patagonia.
El gobierno nacional actualizó los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. La suba establecida para las prestaciones brindadas durante agosto es del 2,1%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante julio.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SND), que modificó los valores que habían sido establecidos para julio mediante la Resolución 2227/2026. En ese caso, el incremento había sido del 1,9%.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni solicitará más tiempo para responder las 20 preguntas sobre las inconsistencias patrimoniales detectadas por la Justicia.
Javier Milei volvió a la Casa Rosada tras 24 días y reunió al Gabinete. Economía, morosidad y estrategia política fueron ejes del encuentro.
La actualización alcanza a todas las modalidades contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin establecer diferencias según el tipo de servicio. Los nuevos montos corresponden a las prestaciones realizadas durante agosto.
Dentro de la Categoría A, que contempla prestaciones de mayor complejidad, el arancel correspondiente a un Centro de Día con jornada doble pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06.
En la Categoría B, el valor establecido para un Hogar con CET permanente quedó en $2.824.518,71, mientras que la Residencia Permanente pasó a tener un arancel de $1.133.384,56.
Por su parte, en la Categoría C, el arancel para un Hogar Permanente quedó fijado en $1.383.759,91, mientras que el correspondiente a una Residencia Permanente alcanzó los $1.047.812,39.
La nueva normativa también mantiene el adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones realizadas en la zona patagónica.
El beneficio contempla a las provincias del sur del país y busca compensar las características geográficas y las mayores dificultades de acceso que pueden incrementar los costos asociados a la atención y a los servicios de apoyo para las personas con discapacidad.
La actualización de agosto se da, además, en un contexto marcado por los reclamos de prestadores del sector por los valores de los aranceles y las demoras en los pagos, una problemática que viene generando preocupación entre quienes brindan servicios de atención y acompañamiento a personas con discapacidad.
