Rodrigo Rey, arquero de Independiente y exfutbolista del Lobo, repudió la decisión del presidente y pidió que el autismo no sea parte de la grieta política.
El arquero de Independiente y exmiembro del plantel de Gimnasia, Rodrigo Rey, manifestó su repudio al veto que el presidente Javier Milei aplicó a la Ley de Emergencia en Discapacidad. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista compartió un fuerte mensaje contra la decisión del Ejecutivo y pidió que el autismo no forme parte de la grieta política.
El futbolista de 34 años reposteó una publicación de su esposa, Lali Rey, con el hashtag #NoAlVeto y expresó su preocupación por el impacto de la medida en personas con trastorno del espectro autista (TEA), como su hijo Benicio que fue diagnosticado hace 2 años.
En su mensaje, el arquero del Rojo sostuvo que "los derechos humanos deben estar siempre por encima de cualquier política económica o color político" y remarcó que "es inadmisible desentenderse de un hecho tan básico de la propia humanidad". También cuestionó "la responsabilidad del presidente para con la sociedad" y denunció que "se están mezclando cuestiones que no deberían mezclarse".
Más allá del plano político, Rey enfatizó que si bien su familia cuenta con los recursos para afrontar los tratamientos y cuidados que necesita su hijo, decidieron expresarse en nombre de quienes no tienen ese mismo privilegio. "Queremos dejarle una sociedad mejor a Benicio y a todos los que no pueden, porque la empatía está en el ADN", escribió.
El arquero y su esposa participan activamente en distintas iniciativas vinculadas a la inclusión de personas con autismo. Han trabajado con organizaciones como TEActiva, la fundación BEF y forman parte de Rojo Inclusivo, el programa de desarrollo para personas con discapacidad del Club Atlético Independiente.
La citada Ley tenía como objetivo declarar la emergencia hasta 2027 e incluía medidas como la regularización de pagos, actualización de aranceles para prestadores de servicios, reformas en el sistema de pensiones no contributivas, refuerzo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.
El proyecto fue impulsado por el diputado Daniel Arroyo y había sido aprobado por ambas cámaras del Congreso, pero terminó siendo vetado por el mandatario argentino.
El Gobierno argentino defendió la decisión del presidente argumentando un costo fiscal estimado en el 0,90% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que afectaría el objetivo de lograr superávit que tanto pregona el Ejecutivo. Además, señalaron que existe una "falta de financiamiento" para hacerle frente a la medida y apuntaron a "fallas técnicas" en la redacción de la normativa.
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