Arranca una semana clave en el Congreso, con poroteo ajustado y tensiones por la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad y la Ley de Glaciares.
Este lunes comienza la segunda etapa de sesiones extraordinarias en el Congreso y el Gobierno enfrenta una semana clave para intentar avanzar con un temario ambicioso, atravesado por tensiones políticas, negociaciones contrarreloj y un poroteo ajustado, especialmente en torno a la reforma laboral y el régimen penal juvenil.
El oficialismo busca empujar dos iniciativas centrales: la modificación de la legislación laboral y la baja de la edad de imputabilidad. Ambas aparecen como prioridades del Ejecutivo, aunque en la Casa Rosada reconocen que hoy no cuentan con los votos necesarios y que el avance dependerá de acuerdos con sectores dialoguistas.
En el caso de la reforma laboral, la estrategia apunta a sumar el respaldo de legisladores que responden a gobernadores con mayor predisposición a negociar. El Gobierno se mueve con cautela y admite que el debate será complejo, en un escenario donde cada apoyo resulta determinante.
También figura en la agenda un nuevo proyecto de Régimen Penal Juvenil, que retoma los ejes del texto que el año pasado obtuvo dictamen pero perdió estado parlamentario por falta de financiamiento. El inicio formal del debate está previsto recién para la segunda semana de febrero en la Cámara de Diputados.
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad –con discusiones que oscilan entre los 13 y los 14 años– volvió a generar diferencias entre La Libertad Avanza (LLA) y algunos de sus aliados, que ya expresaron reparos sobre la conveniencia de imputar penalmente a menores de 13 años. A ese escenario se sumó el rechazo de la Conferencia Episcopal Argentina.
En un comunicado firmado por su Comisión Ejecutiva, la Iglesia Católica sostuvo que estas iniciativas no deben ser consideradas como la única respuesta frente a los delitos cometidos por jóvenes. Si bien expresó cercanía con las víctimas, advirtió que el foco exclusivo en la edad puede dejar de lado la prevención, la educación y el acompañamiento social.
Otro de los puntos sensibles del temario es la Ley de Glaciares. La iniciativa genera fuerte preocupación en las provincias cordilleranas, ya que la modificación de la definición de "ambiente periglaciar" podría habilitar proyectos mineros hoy frenados. El debate vuelve a enfrentar el desarrollo extractivo con la protección del recurso hídrico.
En paralelo, el Senado aparece como una pieza clave, con la atención puesta en los movimientos del (PJ). La suspensión de la afiliación partidaria de la senadora jujeña Carolina Moisés, dispuesta por los interventores del PJ provincial, podría impactar en el delicado equilibrio de fuerzas que sigue de cerca LLA.
Por ahora, Moisés no tomó una decisión y conservaría su lugar en el bloque Convicción Federal, junto a Fernando Salino, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Jesús Rejal. En un Congreso ajustado, cada voto cuenta y la semana que arranca promete ser tan intensa como decisiva.
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